El viernes, once Colegios Profesionales de Castilla y León firmaron un manifiesto que pretende alertar a la sociedad sobre los problemas de seguridad que pueden generarse a partir de la entrada en vigor de la Ley Ómnibus. Esta nueva normativa, que lleva vigente desde el 1 de octubre, desregula el visado obligatorio que hasta entonces realizaban estas entidades, encargadas de las tareas de control y garantía sobre los proyectos en beneficio de los ciudadanos. Desde la entrada en vigor de la misma solo se exige el visado para un reducido número de proyectos técnicos, quedando fuera el resto, a pesar de su importancia, lo que puede poner en riesgo la salud e integridad física de las personas.

Esta tarea ha pasado a las manos de diferentes Administraciones (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, etc), que asumirán, a partir de ahora el control y la responsabilidad que antes recaía en los Colegios. Una de las razones básicas que aconsejan que esta labor debería seguir estando en manos de cualificadas es el conocimiento profesional que tienen y los datos de que disponen sobre los autores de los proyectos, incluyendo si están o no habilitados para desarrollar su profesión o si disponen de los seguros que cubran su responsabilidad.

Así, los Colegios de Arquitectos, Ingenieros Industriales, de Caminos, Telecomunicaciones, Agrónomos, Montes, y los Colegios Técnicos de Industriales, Agrícolas, Obras Públicas, Forestales y Arquitectos Técnicos, expresan su preocupación por las consecuencias que para la sociedad en general puede tener la eliminación del visado y trasladan su inquietud tanto a la sociedad como a las Instituciones. Además, aconsejan a los ciudadanos que quieran llevar a cabo cualquier proyecto que exijan su visado para evitar el descontrol provocado por este Real Decreto y garanticen a los ciudadanos la fiabilidad de cualquier proyecto técnico, así como la existencia de avales y seguros que puedan cubrir cualquier percance.

Con esta intención, en los próximos días esta agrupación de Colegios intentará llevar a cabo una reunión formal con la Junta de Castilla y León y con el resto de las Administraciones locales implicadas, de la misma manera que ya se está haciendo en estos momentos con el Ayuntamiento de Valladolid.