El presidente de los regantes –que intervino en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander- alertó de que la reciente cesión de competencias sobre el Guadalquivir sentó un “mal precedente” para el resto de cuencas de España que, escudándose en el caso andaluz, se han “extralimitado” en sus derechos, reclamando competencias sobre el agua que pasa por sus territorios, como es el caso de Castilla y León sobre el Duero o de Cataluña y Aragón sobre el Ebro.

Ante esta situación, Del Campo insistió en la necesidad de zanjar este “grave error político” y aclaró que las comunidades autónomas ya participan de modo directo en la gestión del agua, dado que por ley tienen representación institucional en las Confederaciones Hidrográficas y además ostentan las competencias sobre la demanda (modernización de redes de abastecimiento, rehabilitación de regadíos, etc.).

De esta forma, recordó que la administración del agua corresponde “única” y “exclusivamente” a las Confederaciones Hidrográficas, que deben velar “con firmeza” para que su gestión tenga en cuenta los intereses generales de todos los españoles y no del territorio que lo tiene más cerca, dando así lugar a la “territorialización de un recurso que nos pertenece a todos por igual”.

Del Campo mostró su preocupación por el hecho de que, como viene ocurriendo en Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia o Andalucía, los Estatutos de Autonomía entren a regular una competencia exclusiva del Estado, insistiendo en que la planificación hidrológica nacional corresponde al Estado Central, tal y como recoge el artículo 149.22 de la Constitución Española y la Ley de Aguas.

En este sentido, recordó que algunos textos legislativos como el de la Ley de Aguas Andaluza “pecan claramente” de duplicidad competencial en perjuicio del principio de unidad de cuenca – bajo la premisa “el agua es de todos”-, al atribuirse la potestad exclusiva sobre las aguas que atraviesan su comunidad, lo que supone la “contaminación política” de este recurso y un agravio comparativo con respecto a otras cuencas.

Además, afirmó que modificar los límites naturales para hacerlos coincidir artificialmente con las delimitaciones administrativas de las comunidades autónomas generará un modelo autonómico “insolidario” y “guerras del agua”, primero, entre comunidades autónomas; después, entre provincias y por último, entre usuarios.

‘Sequía estructural’ por intereses localistas

En este sentido, alertó de que esta “excesiva territorialización” de la gestión de cuenca puede derivar en una “auténtica sequía estructural”, al no existir recursos suficientes para atender todas y cada una de las demandas locales.

Por último, el presidente de Fenacore apeló a las comunidades de regantes –que se “comportan como una extensión de la administración hidráulica”- a que sean “co-responsables” y luchen por evitar esta contaminación política, ya que son las que realizan un uso productivo del agua y soportan los costes de este recurso, contribuyendo al mantenimiento de las propias Confederaciones Hidrográficas.

Por esta razón, abogó por incluir la participación de las comunidades de regantes dentro del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica, aunque reconoció que estos órganos de gestión no son imprescindibles dentro del ámbito nacional, por lo que se debería valorar la posibilidad de “eliminarlos”, contribuyendo así a aligerar estructuras políticas innecesarias y ahorrar costes dentro de la Administración.