Los representantes que nos desplazamos a Madrid para seguir las negociaciones del Estatuto de Castilla La Mancha en el Congreso vivimos momentos muy duros y de tensión. Éramos conscientes de que estaba en juego la actividad agraria que se desarrolla en la provincia y, por lo tanto, la única forma de sustento que tienen 25.000 familias de Alicante. Incluso, se escucharon sollozos de alegría cuando finalmente fue rechazado. En un primer instante, sentimos esta decisión como si de un rotundo éxito se tratara. ¿Pero realmente hemos conseguido algo nuevo?

La obra hidrológica del Tajo-Segura data de la época de la Transición. La derivación de excedentes desde los pantanos de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) al Segura, se inició en 1979, hace ya más de tres décadas La amenaza de acabar con la cesión de caudales sólo supone acabar con un proyecto que está completamente consolidado y que posibilita el desarrollo económico y social de Murcia, Alicante y Almería. En vez de preocuparse por crear o dotar a este país de las herramientas necesarias para acabar con la terrible crisis que nos afecta, nuestros políticos apuestan por destruir lo poco que nos queda.

Es evidente que sólo responden a intereses partidistas. El presidente de Castilla La Mancha, el socialista José María Barreda, aseguró que retiraría el Estatuto si el PP rechazaba su aprobación. Así podría echar las culpas a sus rivales y no perder el apoyo de sus votantes. Lo mismo ocurre con el principal partido de la oposición. Después de rechazar la propuesta estatutaria, presentaron un documento ‘descafeinado’, pero que seguía manteniendo referencias a los recursos hídricos. De esta forma, también podrían demostrar su apoyo a las personas que se oponen al trasvase.

Personalmente, les invitaría a realizar una reflexión profunda. Cada uno debe ser consciente del trabajo que realiza. Cuáles son sus deberes y los objetivos que debe alcanzar. Tendrían que pensar en gobernar por el bien común, pero más bien parece que lo que les motiva son las ansias de perpetuarse o alcanzar el poder. Deberíamos exigirles responsabilidades y que cambiaran radicalmente sus actuaciones o que dieran paso a otros representantes que sí tuviesen una vocación real y que quisieran luchar para defender los intereses de la mayoría de la población.

Quiero dejar claro que deseo que Castilla La Mancha tenga un Estatuto que recoja y regule sus principales derechos y que pueda contribuir, en la medida posible, a generar prosperidad en sus tierras. Eso sí, en este documento no puede haber ni una sola referencia al agua. El sistema hidrológico español sólo puede gestionarse de forma razonable por el gobierno de la nación, tal y como establece la Constitución, regula la legislación jurídica en materia de agua y dictamina el sentido común.

Somos conscientes de que las amenazas que se ciernen sobre el trasvase Tajo-Segura aún no han acabado y habrá nuevos envites. De hecho, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya ha anunciado que no quiere que se retire el Estatuto. Ahora más que nunca, todos los alicantinos, murcianos y almerienses debemos hacer un frente común y unir nuestros esfuerzos para que dejen de someternos a una tomadura de pelo inadmisible. La reserva que piden de 4.000 hectómetros cúbicos es además de una barbaridad, completamente absurda y lo más absurdo de todo es vincular cuenca con comunidad autónoma. Existen sólidas razones jurídicas y técnicas que hacen inviable su aplicación. El agua es de todos los españoles y además, las reservas siempre deben vincularse a aprovechamientos concretos y a plazos determinados. Le corresponde al Estado insertarlas en la planificación hidrológica y nunca pueden utilizarse como arma arrojadiza para cerrar una infraestructura.

Además, no es de recibo que cada autonomía pretenda legislar en beneficio propio una cuestión tan sensible y vital como es la del agua, que pertenece a todos los españoles, sin tener en cuenta las necesidades y problemáticas de las regiones vecinas. Por este motivo, considero necesario que se impulse un Gran Pacto de Estado sobre el agua. Esta normativa debería basarse en criterios técnicos, científicos y de sostenibilidad abandonando los intereses partidistas y territoriales.