El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha presidido este jueves en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) el Consejo para el Medio Rural, que ha analizado y otorgado su conformidad al Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 (PDRS).
El PDRS, elaborado por los 16 ministerios coordinados por el MARM y elaborado en estrecha cooperación con las 17 comunidades autónomas que van a participar en su puesta en práctica, ha contado también con la participación de las corporaciones locales representadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El Consejo, la Comisión Interministerial y la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural han ofrecido su apoyo unánime y han informado sobre el Programa, tal y como exige la Ley 45/2007, antes de que se apruebe por Real Decreto del Consejo de Ministros.
Las 17 comunidades autónomas han incluido en el PDRS un total de 219 zonas rurales, que ocupan una superficie de 426.071 kilómetros cuadrados y cuentan con una población de 10.579.281 habitantes.
De estas áreas, 105 se consideran «a revitalizar» -con una densidad media de 11,8 habitantes por kilómetro cuadrado-, 84 están calificadas como «intermedias» -con una densidad media de 39,5 habitantes por kilómetro cuadrado- y 30 se clasifican como «periurbanas» -con una densidad media de 61,2 kilómetros cuadrados-. La Ley 45/2007 considera que un municipio no es rural cuando su densidad de población supera los 100 habitantes por kilómetro cuadrado o su población es superior a 30.000 habitantes.
El PDRS, que prevé que las actuaciones que se lleven a cabo en cada territorio se enmarquen en un Plan de Zona Rural elaborado con una lógica y una metodología consensuadas, debe partir de un diagnóstico de estado de los principales pilares de la sostenibilidad. Estos son los aspectos económicos, sociales y ambientales.
De este modo, se pretenden detectar las carencias y potencialidades de cada territorio para poder configurar un proyecto de futuro personalizado para esa área rural y, así, determinar las acciones multisectoriales pertinentes en el periodo de cinco años de aplicación del Programa.
Asimismo, el Plan de Zona Rural, liderado por las comunidades autónomas, debe incluir un análisis de complementariedad que permita, por un lado, determinar las acciones que se puedan financiar con otros fondos, programas o instrumentos y, por otro, cuáles deben sufragarse con cargo al PDRS.
El espectro de actuaciones que puede cubrir cada Plan de Zona contabiliza 53 tipos de actuaciones de la Administración General del Estado y 54 tipos de las comunidades autónomas. De este modo, se cubren los ejes de actividad económica, empleo, infraestructuras, servicios básicos, bienestar social y medio ambiente. Tras la aprobación del PDRS, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas suscribirán un Protocolo General para continuar con la elaboración y seguimiento de estos Planes de Zona. En cuanto a la cofinanciación de las actuaciones autonómicas, el PDRS prevé una aportación del MARM de 900 millones de euros en el periodo quinquenal del programa -180 millones de euros cada año-, que serán correspondidos con una cantidad equivalente por parte de las comunidades autónomas, ascendiendo el total del gasto público a 1.800 millones de euros en el periodo.
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