El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha valorado la iniciativa del Ministerio de Industria de plantear un paquete de medidas para aliviar el encarecimiento de la factura eléctrica para regadío, aunque las calificó ‘del todo insuficientes’ ya que representan un ‘escaso ahorro’ con respecto al sistema de tarificación actual.

Este conjunto de medidas se enmarca dentro del compromiso asumido por el Ejecutivo de poner en marcha un plan de choque para sacar al campo español de la crisis en la que se encuentra inmerso, después de que el sector agrario, con más de 40.000 regantes procedentes de toda España, se manifestara en Madrid el pasado mes de noviembre para exigir, entre otras, soluciones ante la fuerte subida de la factura eléctrica.

Sólo en el último año el coste de la energía se ha incrementado en cerca de un 60% para los agricultores regantes, haciendo inviable los procesos de modernización ya en curso y que se calcularon en función de unos costes eléctricos que ahora se han multiplicado. Además, el pasado mes de enero la factura se encareció en un 20% adicional a raíz de la entrada en vigor de la Orden ITC/3519/2009.

Ante esta situación, Fenacore estima que las medidas planteadas por el Ministerio de Industria para rebajar el coste de la energía no son ‘realistas’ ni acordes a la crítica situación que atraviesa actualmente el regadío español. En primer lugar, consideran que la propuesta de establecer contratos de temporada flexibles -de hasta ocho meses consecutivos-, pero sin posibilidad de modificar la potencia durante el contrato es “ineficaz” ya que “no producirá ahorros significativos” respecto a la situación actual.

En este sentido, la Federación de Regantes argumenta que este tipo de contratos temporales conlleva un recargo del 25% en el término de potencia en los meses de temporada alta y un 15% en el resto, a lo que hay que añadirle además los costes de corte y enganche.

Por otro lado, aclara que las comercializadoras no son partidarias de formalizar contratos de temporada, de manera que ofrecen unas tarifas muy elevadas, provocando que el posible ahorro que se pudiera conseguir en el término de potencia se pierda al tener que abonar la energía más cara.

Dos contratos al año

En este sentido, los regantes plantean la necesidad de poder formalizar al menos dos contratos al año con las compañías eléctricas. Por un lado, uno anual con una mínima potencia contratada para el suministro básico de los servicios de mantenimiento de los equipos y pequeños usos; y, por otro, uno de temporada para los meses de máximo consumo sin que las distribuidoras puedan cobrar en concepto de derechos de acceso, enganche ni revisión de las instalaciones.

Asimismo, solicitan que se incluya en los contratos de temporada la posibilidad de modificar la potencia en las horas llano (periodo del día en el que el consumo es medio) y punta, en función del mes, ya que el consumo no es uniforme; así como disminuir el porcentaje obligatorio de consumo en horas valle (periodo del día en el que el consumo es mínimo).

Pago por la potencia registrada

En relación al término de potencia, que supone actualmente casi la cuarta parte (23%) de la factura, Fenacore reconoce que la propuesta de Industria de establecer horas valle a menor precio durante los fines de semana y el mes de agosto supone un ‘alivio’ para el sector, pero no constituye la ‘solución definitiva’, ya que la necesidad de potencia es muy alta desde abril hasta septiembre, mientras que es mínima de octubre a marzo. Por esta razón, considera que lo ‘justo’ es que las comunidades de regantes paguen únicamente por la potencia real registrada y no por la contratada, así no desembolsan un importe por un servicio que no utilizan.

Pozos de sequía

Finalmente, como medida complementaria, los regantes solicitan a Industria que regule la situación de las comunidades de regantes en relación a los pozos de sequía, autorizando la baja de sus contratos durante los periodos en que estas instalaciones no se utilizan.

Según Fenacore, estos pozos sólo entran en funcionamiento durante periodos de escasez de aguas –dos o tres años de cada diez- para sustituir el caudal de río que falta. Durante el tiempo en que estas instalaciones no se utilizan –siete u ocho años de cada diez-, las comunidades de regantes sufragan los gastos ‘mínimos’ de potencia contratada y «energía no consumida», lo que supone un coste de más de 6.000 euros anuales por pozo.