La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, estima que en esta campaña los olivareros andaluces podrían sufrir pérdidas de 650 millones de euros, si se mantienen los precios que actualmente están percibiendo. Esta semana, el kilo de aceite de oliva se ha pagado a una media de 1,81 euros, una cantidad que no cubre los costes de producción que, según el Estudio de la Cadena de Valor del aceite de oliva del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), se sitúan en 2,49 €/kg. Desde que empezó la campaña, el 1 de octubre de 2009 y hasta el momento actual, se han comercializado alrededor de 400.000 toneladas de aceite, a unos precios que han provocado pérdidas de más de 80 millones de euros en Andalucía. Esto se debe a que las almazaras se ven obligadas a vender, aunque sea a precios muy bajos, por la necesidad de liquidez que tienen los agricultores para hacer frente a los gastos de campaña.

Por eso, esta organización reclama que se ponga en marcha el mecanismo de almacenamiento privado. Una herramienta que ya se activó el año pasado, aunque muy tarde (en el mes de agosto, cuando la mayor parte de las operaciones comerciales ya se habían realizado). Con todo, sólo el anuncio de que se iba a aplicar el almacenamiento privado (la noticia se conoció a principios de mayo) sirvió para que el precio del aceite subiera, como se puede observar en la siguiente tabla, que recoge la evolución del precio del aceite de oliva durante el año pasado.

El almacenamiento privado es un mecanismo que aparece recogido en la OCM. El Reglamento 1234/2007 en su artículo 33 establece la posibilidad de articular ayudas para la realización de contratos de almacenamiento privado cuando el precio del aceite se sitúe por debajo de un nivel establecido (1.779 €/tn. para el virgen extra; 1.710 €/tn para el aceite virgen, y 1.524 €/tn. para el aceite lampante) o bien cuando existan graves perturbaciones del mercado, posibilitando así una contención de la oferta y la estabilización de dicho mercado. Esas “perturbaciones” se están produciendo en la actualidad, ya que los precios que reciben los productores se han desplomado, mientras el consumo y las exportaciones crecen, con una producción similar a la del año pasado y con un descenso de las importaciones.

Por eso, COAG Andalucía reclama que la ministra de Medio Rural, Elena Espinosa, haga las gestiones oportunas en Bruselas para que, aunque no se haya alcanzado el precio desencadenante que fija la OCM, se ponga en marcha el almacenamiento privado, ya que sí se están produciendo las citadas “perturbaciones del mercado”. Esta organización agraria ya ha solicitado a la Consejera de Agricultura, Clara Aguilera, que medie para que desde el gobierno central se lleven a cabo estas gestiones, y le ha dirigido una carta firmada conjuntamente con Asaja y FAECA. Pero, además, es importante aprovechar la Presidencia española de la UE para que se cambie la normativa que regula el almacenamiento privado, actualizando el precio desencadenante, ya que éste se calculó en función de los costes de producción del año 1997, que actualmente han quedado totalmente obsoletos.