La frivolidad de la Junta de Andalucía, que en alianza con el ecologismo más radical y con los postulados de la “nueva cultura del agua”, ha rechazado sistemáticamente la construcción de nuevos embalses, ha provocado que con la llegada del segundo gran temporal del invierno los embalses andaluces, al límite de su capacidad, hayan desaguado masivamente provocando gravísimos daños a la agricultura y a las poblaciones.

Desde el pasado 21 de diciembre la cuenca del Guadalquivir ha lanzando al mar 8.000 Hm3, una cantidad equivalente a la capacidad de almacenamiento de la propia cuenca, un agua más que suficiente para garantizar más de seis campañas de riego. Un escándalo que Andalucía no se puede permitir. Es necesario que la nueva autoridad del agua, la Agencia Andaluza del Agua, de un giro a la actual política basada exclusivamente en el ahorro y la mejora de la gestión y se comprometa a ampliar también la oferta, pues en una región como la nuestra, en la que nunca se sabe cuando va a volver a llover, es imprescindible almacenar la mayor cantidad de agua posible cuando la tenemos al alcance de la mano, con ello evitaríamos también muchos de los daños que se han producido.

Las infraestructuras hidráulicas no están ni mucho menos concluidas en Andalucía, deben vivir en un continuo proceso de ampliación, mejora y puesta al día. Por ello, desde ASAJA queremos instar al Gobierno andaluz y la Agencia Andaluza del Agua a que apuesten por un nuevo Plan de Infraestructuras Hidráulicas que establezca interconexiones entre cuencas, que invierta en el recrecimiento de nuestras presas allí donde sea posible, tal y como se ha hecho con el embalse de la Breña, y que potencia las balsas y microembalses en las propias explotaciones y en pequeñas comunidades de regantes. Se trata de medidas fundamentales para evitar, o al menos para minimizar, los daños en periodos de temporales como el que hemos vivido desde mediados de diciembre y sobre todo para garantizar el agua para los regadíos, auténtica fuente de riqueza y empleo del campo andaluz.

El 22% de la superficie agraria útil de Andalucía (893.000 has) es de regadío, y genera el 57% de la producción final agraria andaluza, esto es, 4.570 millones de euros. Esa superficie sustenta el 60% del empleo agrario andaluz (155.000 UTAs), lo que representa el 15,46% del empleo total de la Comunidad Autónoma. Para Andalucía supone una balanza comercial positiva en nada menos que 2.097 millones de euros.

Conscientes de estas magnitudes, en ASAJA hemos asumido desde hace muchos años la defensa del regadío como uno de nuestros principales objetivos, y en el ejercicio de nuestras responsabilidades, como principal representante del empresariado agrario andaluz, emprendimos en su momento la negociación del Acuerdo Andaluz del Agua, firmado en 2009, tras arduos trabajos de redacción en los que participamos activamente.

El Acuerdo supuso el «pistoletazo de salida» para otra negociación más trascendente, que no es otra que la de la Ley de Aguas de Andalucía. A estas alturas a nadie se le oculta que la postura de ASAJA fue activa y constructivamente contraria. Y digo activa y constructivamente porque lo que ASAJA hizo, desde su primera alegación, fue contestar a cada uno de los borradores que se le fue presentando en cuantos foros le fue dado, pero en todo caso proponiendo textos alternativos, sin que haya cabido en ningún momento la negativa por la negativa, poniendo sobre la mesa informes jurídicos y técnicos que respaldaran nuestra postura, de forma razonada muy lejos de las negaciones sin fundamento o de las adhesiones inquebrantables.

A pesar de nuestra participación activa en la mejora del anteproyecto, quedan aún flecos en el texto que ahora, en fase de discusión parlamentaria, tenemos que limar con la necesaria ayuda de los Grupos Parlamentarios, pero siempre bajo un claro principio: si la Ley de Aguas va a servir para completar y modernizar las infraestructuras, crear empleo y riqueza, fijar población y asegurar el regadío existente e incluso incrementarlo dentro de nuestras posibilidades, ASAJA estará del lado de la Administración; sin embargo, si la Ley sirve para hacer política partidista, para someter a más cargas económicas a los agricultores y ganaderos, y sobre todo, para destruir el empleo, la riqueza de nuestros pueblos y condenar al mundo rural a la pobreza, eliminando hectáreas de regadío (como ahora mismo está haciendo la Agencia Andaluza del Agua), ASAJA se opondrá con todas sus fuerzas. Y eso será así porque esa es nuestra responsabilidad.

Por último, desde ASAJA consideramos que es más necesario que nunca un nuevo planteamiento en la política hidráulica andaluza, un planteamiento que teniendo en cuenta nuestras peculiaridades climáticas sea capaz de afrontar el incremento de la capacidad de almacenamiento para garantizar este recurso de forma sostenible.

Fdo. Ricardo Serra Arias
Presidente de ASAJA-Andalucía.