El Secretario General de AREDA, Fernando Márquez acudió ayer al Parlamento de Andalucía para presentar una serie de enmiendas que tienen como finalidad depurar y mejorar el texto normativo de la nueva Ley de Aguas de Andalucía que se encuentra cada vez más cerca su aprobación. Desde la Asociación de Regantes de Andalucía, que ha participado activamente en la creación del texto de la nueva ley andaluza, se han planteado una serie de enmiendas al texto actual para que sean incluidas en el texto definitivo beneficiando al regadío y sobre todo a los regantes andaluces, tan importantes en la agricultura de nuestra región.

En concreto AREDA planteó ante los parlamentarios la revisión de siete artículos que desde la asociación creemos que pueden ser mejorados. Entre ellos se encuentra el artículo 47, referente a Los Bancos Públicos del Agua, cuya redacción resulta algo confusa. Fernando Márquez aclaró que se mezclan los conceptos de Bancos Públicos del Agua, con los Centros de Trasferencias de Derechos del Agua, y los contratos de Cesión de Derechos que aunque son concepto de gran similitud hay que destacar sus diferencias. Además el Secretario General de la Asociación de Regantes especificó que el establecimiento de un orden de preferencia entre los destinos de los volúmenes de agua no es conveniente ya que dejaría sin utilidad a los Bancos Públicos del Agua, pues teniendo en cuenta que el recurso es escaso y que sólo se podría utilizar para conseguir el buen estado de las masas de agua, siendo ésta una de las finalidades más importantes en orden de preferencia.

Otra de las propuestas de AREDA se centró en el artículo 48, Centros de Intercambio de Derechos. La propuesta se centra en la constitución de un centro de Intercambio de Derechos de agua por cada Demarcación Hidrográfica, como se regula en la normativa básica. De modo que es necesarios una vez más distinguir entre Banco Públicos del Agua que es una de las novedades más importantes de esta ley, y los Centros de Intercambio de Derechos, que permitirán dicho tráfico entre concesionarios o titulares de derechos de Aguas inscritos en el Libro Registro de Aguas o titulares de derechos de aguas privadas inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas.

Márquez también trasladó una enmienda para la ampliación el artículo 49, Utilización de Infraestructuras de conexión intercuencas. En la que manifestó que es necesario dotar de plena eficacia las figuras de los Bancos Públicos del Aguas, y los Contratos de Cesión de Derecho, haciendo lo posible su utilización en cualquier parte del territorio andaluz que cuente con las infraestructuras necesarias de interconexión entre los distintos distritos hidrográficos.

Asimismo, AREDA, ha propuesto una ampliación del artículo 50, Registro de derechos de aguas. En el que Fernando Márquez expuso la necesidad de la creación de un procedimiento administrativo para la inscripción de las Zonas Regables de iniciativa Estatal en el Libro de Registro de Aguas Públicas, de modo que las inscripciones contengan “los datos identificativos del aprovechamiento; el volumen máximo anual; la superficie regable; el punto o puntos de tomas; la corriente o acuífero desde donde se realiza la derivación (…)”. De este modo se evitaría que el ahorro producido por la modernización de regadíos, sufragadas por el erario público, de determinadas Comunidades de Regantes se utilice para el beneficio propio en lugar de para paliar el déficit de agua existente o para atender nuevas demandas.

El artículo 51, aprovechamientos de aguas subterráneas, también ha sufrido una propuesta de ampliación desde AREDA. Así, Fernando Márquez resaltó la necesidad de incluir un procedimiento administrativo específico mediante el que los derechos sobre aguas privadas se conviertan en concesiones de aguas públicas, siempre que no se aumenten los volúmenes a detraer y adecuando sus dotaciones a las dispuestas en el Plan Hidrológico de la Demarcación para los usos solicitados.

Por último, el Secretario General de AREDA, Fernando Márquez, finalizó su intervención proponiendo la modificación de parte del artículo 101, Determinación de la cuantía, de modo que el canon sea unitario para todos los usuarios y que la distribución de todos los gastos generales vayan en función de los volúmenes autorizados de agua, aunque siempre con un precio unitario para todos los usuarios.