LA UNIÓ denuncia que la crisis de precios obliga a dejar de producir ya en algunas granjas de porcino de la Comunitat Valenciana y la media actual de reducción se podría cifrar en un 10 por ciento, lo que en algunos casos podría llevar al cierre definitivo de la explotación en un futuro.

LA UNIÓ detecta que algunas empresas integradoras dejan de entrar producción en las granjas y además liquidan en estos momentos de forma totalmente injustificada un 15 por ciento menos a los productores de porcino de la Comunitat Valenciana en apenas seis meses. En el transcurso de ese tiempo los ganaderos están comprobando como algunas empresas integradoras les pagan alrededor de 10 euros por animal cuando antes percibían unos 11,70 euros, lo que ha provocado una lógica indignación por considerarlo abusivo al no existir motivos para esta reducción.

Los datos disponibles de la lonja de referencia de Mercolleida indican que las cotizaciones en origen del porcino han descendido un 4% a lo largo de 2009 respecto a 2008, hasta situarse en una media de 1,095 euros por kilo de animal vivo. El sector porcino de la Comunitat Valenciana ha encadenado dos crisis en los últimos años. La primera comenzó en 2007 y se derivó del incremento del precio del cereal que encareció los piensos y disparó los costes de producción. Ahora sin embargo las cotizaciones del pienso se han normalizado, pero la crisis económica ha provocado una recesión del consumo y un retroceso de las exportaciones que ha conllevado una nueva crisis.

LA UNIÓ insiste en poner en marcha de forma urgente una serie de medidas por parte de la Administración estatal y autonómica para salvar a un sector relevante para la economía de la Comunitat Valenciana pues es el segundo, tras los cítricos, con mayor importancia en la Producción Final Agraria. Entre las medidas reclamadas por LA UNIÓ se encuentra la de reducciones fiscales y bonificación de intereses, la necesidad de un contrato de integración pues la mayoría de las granjas funcionan bajo ese sistema y no existen un contrato-tipo en el cual figuren las obligaciones del integrado y de la integradora. También el establecimiento de un periodo máximo de pago pues la Ley de Morosidad determina que el plazo de pago a falta de pacto entre las partes, sea de treinta días tras la fecha que el deudor haya recibido la factura o solicitud de pago. Actualmente, algunas integradoras pagan de 90 a 120 días, incumpliendo claramente la ley.

Otras medidas pasan por el aumento de las subvenciones al coste del seguro de recogida de cadáveres o por la transparencia y limitación de márgenes comerciales porque se requiere de una clara y visible identificación del origen hasta el consumidor final, además de la publicación urgente de una Ley de limitación de Márgenes Comerciales para garantizar un incremento de precios razonable entre el productor y el consumidor, evitando situaciones abusivas.

En la Comunitat Valenciana existen un total de 1.180 explotaciones de porcino con un censo que ronda la cantidad de 1.315.000 animales, según el Registro de Explotaciones Ganaderas de 2009. Representa el sector porcino el 67% del total de la cabaña ganadera de la Comunitat Valenciana. La provincia de Castellón concentra el 58% de las explotaciones, la de Valencia el 36% y la de Alicante el 6%.