El 20 de noviembre pasará a la historia de los anales como uno de los días más importantes del sector agrario y ganadero, tras las concentraciones que efectuarán miles de personas en los distintos municipios para protestar por la situación de extrema dificultad por la que atraviesan todas las producciones y cultivos.

Y es que, las reivindicaciones que solicita el sector no sólo afectarían a los profesionales del campo, sino también a los trabajadores de las empresas que operan en torno al sector agroalimentario y, más aun, a todos los ciudadanos en su condición de consumidores. De ahí que las Organizaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA de Castilla-La Mancha hayan conseguido el apoyo de numerosos agentes sociales, económicos y políticos de la región que mañana secundarán activamente el paro agrario. Por ello, es imposible estimar el número de personas que se concentrarán mañana en las plazas de los pueblos.

Tractoradas, lectura de manifiesto, comidas, marchas y declaraciones a los medios centrarán el orden del día de prácticamente todos los municipios de la región. Y es que, este sector estratégico, a pesar de no ser considerado como tal por las administraciones públicas, se encarga de mantener no sólo al 90 por ciento del territorio restante, sino además de garantizar la seguridad alimentaria al conjunto de la sociedad española.

De lo que sí hay cifras estimatorias es de los asistentes a la manifestación de Madrid del sábado 21. Sólo de Castilla-La Mancha, se desplazarán cerca de 400 autobuses. A ellos, hay que añadir el volumen de personas que se desplazarán en transporte público y privado. Las previsiones apuntan que 40.000 castellano-manchegos recorrerán las calles de la capital.

Así, a partir de las 11:30 horas, arrancará la marcha que partirá de la confluencia de la calle Alcalá con la plaza de Cibeles, discurrirá por el Paseo del Prado y concluirá en Atocha, ante la sede del Ministerio que, a pesar del Gobierno, para los agricultores sigue siendo el de Agricultura.

ASAJA, COAG y UPA confían en que esta gran movilización sea el punto de partida para que las administraciones públicas se comprometan a definir una política agraria que haga justicia al sector agrario, a la economía española y al conjunto de la sociedad.