La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exigió ayer la apertura urgente de un gran debate sobre la crisis agraria y sus posibles soluciones que deberá tener por escenario tanto España como la propia Unión Europea (UE). Francia ha sido el primer país comunitario en mover ficha ante la gravedad de la situación que atraviesa la agricultura mediante la decisión adoptada ayer por el presidente galo, Nicolas Sarkozy, de poner en marcha un plan excepcional de apoyo a los agricultores franceses por valor de 1.650 millones de euros. “Una vez más –comentó el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado,- Francia ha vuelto a dar un ejemplo de sensibilidad hacia los problemas de su agricultura con la aprobación de un volumen muy importante de ayudas y con la apertura del debate que han iniciado en torno a la llamada ley de modernización del sector”.

Al hilo de la decisión francesa, Aguado lamentó profundamente que esa actitud no tenga la más mínima correspondencia ni encuentre eco de ninguna clase en el Gobierno español. “Mientras en Francia sus responsables políticos han reaccionado con rapidez para aliviar la crisis agraria, el Gobierno español permanece en una actitud contemplativa porque, al parecer, le resulta mucho más cómodo seguir mirando para otro lado, escurrir el bulto y tirar balones fuera como si la cosa no fuese con ellos”.

El Gobierno galo ha dado un primer paso que no sólo demuestra que es posible actuar contra los problemas del campo, sino que abre una senda que, según entiende esta organización agraria, debe ser transitada por España y el resto de países comunitarios. En este sentido Aguado afirmó que “la situación de las rentas de los agricultores se ha deteriorado de tal manera en el conjunto de Europa que en estos momentos es absolutamente imprescindible que se abra un debate serio y riguroso sobre el alcance de la crisis agraria”. Aguado añadió al respecto que “el plan extraordinario aprobado por Francia ha demostrado que la condición necesaria para la búsqueda de soluciones a los problemas es la existencia de una voluntad política previa, precisamente esa voluntad política que tanto echamos a faltar en España y que nos ha abocado a convocar un gran paro general en el campo español los días 20 y 21 de noviembre”.