Tras conocer la nota de prensa del presidente del Consejo Consultivo opinando sobre parte del contenido del dictamen “no nato” sobre el Anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía, desde ASAJA tenemos que manifestar nuestra repulsa por la manipulación política que supone esta filtración interesada, previa incluso a la redacción de los votos particulares y a la publicación del propio dictamen.

La esperpéntica y brevísima nota, de tan sólo tres párrafos, cuya redacción merece formar parte de la antología del disparate de la lengua castellana, no hace más que reforzar la posición de ASAJA y los argumentos jurídicos defendidos por esta asociación, basados en el dictamen del catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo.

No hay más que leerse la nota para percatarse de la veracidad de lo que denunciamos, dadas las contradicciones en que incurre la misma, en la que unas veces se habla de “respaldo unánime de los miembros del Consejo al Anteproyecto”, salvo a dos artículos, que se declaran ilegales, para continuar dos párrafos más abajo, señalando que hay votos particulares, que por tanto rompen la supuesta unanimidad y cuestionan la legalidad de muchos artículos más.

Finalmente, en el colmo del despropósito, la propia nota reconoce los importantes “reparos” que hace el dictamen al anteproyecto.

En consecuencia, y muy probablemente cuando conozcamos el dictamen en su integridad y de primera mano, podremos comprobar que la nota emitida por el presidente del Consejo es sólo una cortina de humo para escapar de la presión del Gobierno andaluz, que se encuentra contra las cuerdas en su obcecación por sacar adelante “como sea” esta pésima e ilegal ley.

Por otra parte, queremos recordar que el artículo 4 del propio Reglamento del Consejo Consultivo de Andalucía acerca del “deber de reserva” establece literalmente que “los miembros del Consejo y su personal están obligados a guardar secreto sobre las propuestas y acuerdos adoptados, mientras que no conste que los asuntos sometidos a dictamen han sido recibidos por el órgano competente y en todo tiempo, sobre las deliberaciones habidas, así como sobre los pareceres y votos emitidos”, por tanto la nota emitida incumple gravemente este “deber de reserva” por lo que el presidente hace un flaco favor a la profesionalidad y credibilidad de este importantísimo órgano consultivo de la Junta de Andalucía.

Por lo demás, debemos señalar que en los últimos días hemos sabido que el propio Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en informe emitido el pasado 6 de julio, pone en cuestión importantes aspectos legales del anteproyecto de Ley, del que hace numerosas observaciones negativas, entre las que destacamos:

– Considera que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para alterar el orden de prelación que se fija en el texto refundido de la Ley de Aguas.

– Obliga a la Junta de Andalucía a considerar la existencia de prórrogas en las concesiones por respeto a las competencias del Estado en la materia.

– Considera que la redacción del nuevo canon creado por el proyecto de Ley de Aguas resulta insuficiente para cumplir las exigencias de la configuración normativa de los tributos, especialmente porque no determina cual es el hecho imponible.

Por lo que incluso los propios juristas de la Administración andaluza ponen dudoso encaje legal del anteproyecto de Ley de Aguas.

ASAJA no entiende la evidente “pérdida de papeles” del presidente Griñán, quien recientemente manifestaba su deseo de consensuar esta Ley tan importante para Andalucía. Frente a esta actitud está la más que razonable posición de ASAJA, que lo único que pide es un poquito de temple y mucho diálogo para sacar adelante una Ley que no entorpezca el desarrollo de Andalucía en su conjunto y que evite una guerra jurídica que de seguir así terminará sin duda en el Tribunal Constitucional, con un elevado coste para la economía, el empleo en Andalucía y obstaculizando la superación de la gravísima crisis socio-económica por la que atraviesa Andalucía.