El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, explicó ayer durante su comparecencia en el Congreso que el Programa de Desarrollo Rural Sostenible previsiblemente estará en funcionamiento en el 2010, una vez aprobada por el Consejo de Ministros la programación de actuaciones previstas para este ejercicio así como los criterios para la delimitación y calificación de las zonas rurales por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales.

En cualquier caso, el MARM que ya invirtió el pasado año 55 millones de euros en proyectos piloto, destinará este año 120 millones de euros a la financiación de programas piloto de desarrollo rural. Prevé invertir otros 325 millones de euros anuales en la cofinanciación de actuaciones con las comunidades autónomas en el periodo 2010-2014.

Josep Puxeu ha defendido la necesidad de mantener este esfuerzo inversor incluso en estos tiempos de dificultades porque el tipo de actuaciones previstas al amparo de esta Ley tiene una clara repercusión sobre el empleo y el crecimiento económico.

Está previsto, ha señalado el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, que durante el año 2010 las comunidades autónomas aprueben y ejecuten los planes de zona durante el periodo 2010-2014.

Durante su intervención, Josep Puxeu, ha realizado una exposición de las distintas actuaciones que ha desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) para la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural aprobada en diciembre del 2007.

Política de Estado para el medio rural

A su juicio, se trata de la primera ocasión en la que un Gobierno pone en marcha una política de Estado para el medio rural que, además, cuenta con la cooperación de las comunidades autónomas y las entidades locales, y que se basa la sostenibilidad económica, social y medioambiental con un enfoque plurisectorial integrado en el que el protagonismo corresponde enteramente a la participación de los ciudadanos.

Los objetivos de la Ley se centran en la estabilización de la población rural, mejorando su calidad de vida mediante la dotación de infraestructuras y equipamientos adecuados a sus necesidades; el impulso de la economía rural, mediante el desarrollo y diversificación de las actividades económicas con especial énfasis en los sectores agroalimentarios y, finalmente, en la conservación y restauración del patrimonio natural, consolidando su carácter generador de servicios y bienes ambientales para la sociedad.

La Ley tiene un enfoque territorial, ha explicado Josep Puxeu, porque delimita y se aplica sobre las zonas más desfavorecidas y una visión integradora que permite coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones públicas en los diversos ámbitos sectoriales. Además tiene una perspectiva sostenible en la medida en que las actuaciones se planifican y realizan teniendo en consideración aspectos sociales, económicos y ambientales y un talante participativo porque se construye con la aportación de los agentes económicos, sociales, ambientales y administrativos en todos los niveles de decisión.

El pasado año 2008 el MARM realizó actuaciones en 52 comarcas por un importe total de 55,1 millones de euros. Estas actuaciones se llevaron a cabo a través de la suscripción de 11 convenios de colaboración con comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Valencia) y de convenios de desarrollo rural con asociaciones o ayuntamientos (Comarcas de la Ribagorza Románica, la Mancomunidad de la Taula del Senia, las Reservas de la Biosfera de la montaña leonesa y los Cabildos de Lanzarote y Gran Ganaria).

En estos momentos, el MARM está evaluando las propuestas de otras seis comunidades autónomas.