La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclamaron ayer en Luxemburgo a los Ministros de Agricultura de los 27 soluciones inmediatas y medidas concretas para rescatar al sector agrario de la grave crisis en la que se encuentra inmerso. El responsable de Relaciones Internacionales de COAG, Rafael Hernández, junto a los máximos responsables de los sectores ganaderos, frutas y hortalizas y aceite de oliva, ha encabezado la nutrida delegación de COAG que ha defendido los intereses de las pequeñas y medianas explotaciones familiares y del modelo social de agricultura en la manifestación de agricultores y ganaderos europeos.

Para afrontar la crisis de precios del sector lácteo, COAG ha reclamado a las autoridades comunitarias medidas que garanticen un precio remunerativo para los ganaderos de leche. En este sentido, los responsables de esta organización han solicitado que se asegure un control de la producción mediante el reforzamiento de los mecanismos de regulación del mercado, tales como el sistema de cuotas o la intervención pública de mantequilla y leche en polvo. “Para ello, es imprescindible eliminar los puntos aprobados en la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) tales como la eliminación de las cuotas de producción más allá de 2015 y el incremento anual del 1% de la cuota aprobado por la UE para los países comunitarios”, ha puntualizado Rosario Arrendondo, responsable de Producción Láctea de la Comisión Ejecutiva de COAG.

En el sector del olivar, tras la reciente activación del sistema de almacenamiento privado, los representantes de COAG han propuesto en Luxemburgo que se estudien otras medidas que pueden ayudar a combatir la brutal crisis de precios del aceite, tales como el desvío para usos industriales del producto de menor calidad, como el de orujo, o la pignoración de créditos (en los que el aceite se usaría como prenda o garantía. Una vez vendido el producto, el crédito se devuelve). Sin embargo, lo fundamental para sucesivas campañas es que se realicen las gestiones políticas necesarias para actualizar (al menos, hasta un mínimo de 2,40 €/kg.) los niveles que desencadenan el almacenamiento privado, establecidos hace más de una década, y que no responden a las actuales circunstancias de producción.

En el caso de las frutas y hortalizas, COAG ha solicitado al Consejo de Ministros de la UE que se condicione la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los consumidores europeos, pero también para lograr la mejora de las condiciones de vida y trabajo en los países terceros mediterráneos. Asimismo, ha recordado que la calidad de las producciones europeas es elevada y los agricultores han de cumplir obligatoriamente numerosos requisitos medioambientales y sociales que tienen importantes repercusiones sobre los costes de producción.