ASAJA CORDOBA ha trasladado a la Junta de Andalucía su malestar por el hecho de que una vez más no se cuente con agricultores y ganaderos, al organizar unas jornadas como las que se celebran en Córdoba. Difícilmente se puede debatir, y reflexionar sobre los Espacios Naturales Protegidos, sin contar con los que viven y trabajan en el territorio y están en directa implicación con el Espacio Protegido. Simplemente se ha cursado una invitación a participar en los Grupos de Trabajo pero no se ha invitado a los agricultores y ganaderos, ni a empresarios de otros sectores a impartir ni una sola de las 19 ponencias. Se olvida que los verdaderos actores del territorio, son precisamente los que viven en él, trabajan en él y han contribuido con su trabajo y esfuerzo al mantenimiento de las zonas tal y como hoy las conocemos. Asaja entiende que el no querer contar con la participación de los empresarios agrarios sólo puede explicarse con la intención de no reconocer que la declaración de los Espacios Naturales protegidos andaluces ha supuesto la multiplicación de la burocracia y limitaciones para las actividades agrícolas y ganaderas que se desarrollan en estas áreas, que compiten en desventaja con quienes desarrollan esas mismas actividades en otros espacios que no están sujetos a ninguna medida excepcional de protección.
Andalucía y particularmente Córdoba tienen un rico patrimonio natural en cuyo proceso de conservación han contribuido los agricultores y ganaderos mediante la realización de una gestión sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, son aún muchos los problemas sin resolver 20 años después de que fueran catalogados los primeros de estos espacios en los que la actividad agropecuaria es, con diferencia, la principal y, en muchos casos, la única actividad económica relevante.
Menor productividad y mayores gastos

Veinte años después de que se aprobase en Andalucía la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se establece el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía los agricultores y ganaderos que han contribuido a conservar y a mantener estos espacios carecen de ayudas específicas que les compensen por esta labor, con lo que la Junta de Andalucía contraviene así la filosofía que propugna la Comisión Europea, desde donde se defiende que “quién contamina paga, y quién conserva cobra”.

Transcurridos 20 años de la aprobación de esta Ley hay unanimidad a la hora de considerar que se produce un lucro cesante y una disminución de renta vinculada a las limitaciones impuestas en el entorno de un espacio protegido. Así, el establecimiento de unos calendarios de cosecha obligatorios para la preservación de determinadas especies, la limitación del uso de fertilizantes, o la modificación de prácticas agronómicas tradicionales, entraña en muchos casos, menor productividad y mayores riesgos de plagas y enfermedades en los cultivos, peligro de incendios, o un incremento de los costes.

Asimismo, la inclusión de un espacio dentro de la red de espacios protegidos implica en la mayoría de los casos un evidente gravamen de las expectativas de desarrollo empresarial para agricultores y ganaderos y una limitación irreversible de las posibilidades de diversificación productiva y de negocio. Es fácilmente contrastable la desventaja competitiva y la inferior capacidad de adaptación a la demanda y al mercado de aquellas explotaciones situadas en espacios protegidos frentes a aquellas que están fuera de estas áreas.

Burocratización y cargas administrativas

Junto a estas trabas en la organización de los medios productivos, hay que mencionar también la penosa burocratización asociada a la gestión de un espacio protegido que, además de ralentizar cualquier trámite ante la Administración, plantea como regla general un estricto régimen de prohibiciones y autorizaciones administrativas que se traduce en la práctica en una desaceleración de la inversión y de las mejoras de la explotación.

Además, los propietarios situados en espacios protegidos se ven también sometidos a los privilegios de los que goza la Administración en los negocios jurídicos sobre derechos reales que se lleven a cabo dentro de un espacio Red Natura 2000. De este modo, no sólo se restringe la libertad contractual de los particulares y se crea un obstáculo, en muchos casos insalvable, de cara a emprender nuevos proyectos empresariales, sino que se somete a agricultores y ganaderos a la lenta maquinaria de respuesta financiera de la administración pública, con la consiguiente pérdida de liquidez durante un período incierto.

Pese a las reiteradas demandas por parte de ASAJA, sigue sin darse una respuesta al problema de los daños a los cultivos o los ganados provocados por la fauna asociada a estos espacios. Dichos daños son soportados estoicamente por agricultores y ganaderos, que han de ver cómo este perjuicio no sólo no es objeto de indemnización por parte de la Administración, sino también cómo ésta no hace nada para impedirlos ni para facilitar su control.

Los datos recogidos vienen a confirmar las tesis de ASAJA acerca de la situación de desventaja competitiva en que se encuentran los agricultores y ganaderos que ejercen su actividad en espacios protegidos y el evidente lucro cesante al que tienen que hacer frente.

Y esto no sólo lo ha puesto de manifiesto desde Asaja, si no también lo han hecho recientemente los Alcaldes del Parque Natural de los Alcornocales, los cuales indican “que hay un clamor generalizado contra la normativa de protección del Parque” (Arsenio Cordero, Alcalde de Alcalá de los Gazules), o “que la Administración ha puesto demasiadas cortapisas y carece de agilidad para impulsar actividades que fácilmente pueden ser compatibles con el Parque” (Alonso Rojas, Alcalde de los Barrios), o “los peor del PORN y del PRUG del Parque de Los Alcornocales es que han dejado sin salidas a esos pequeños propietarios que no pueden impulsar actividad económica alguna” (Pacual Collado, Alcalde de Jimena).
Por todo ello, desde Asaja creemos que la mejor celebración de este XX aniversario debería haber sido el abrir un debate serio en el que participaran además de las Administraciones y otros grupos, los profesionales de todos los sectores económicos que actúan en los Espacios Protegidos, de forma que ayuden a que toda la sociedad, y especialmente los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino (antiguo Ministerio de Agricultura) y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a que reflexionen y apuesten definitivamente por sentar las bases para articular mecanismos serios de compensación, que contribuyan a que la carga de la conservación recaiga sobre toda la sociedad y no exclusivamente sobre los agricultores y ganaderos.