10 de marzo de 2009. La organización UPA rechaza tajantemente la decisión tanto de Enesa (Entidad estatal de seguros agrarios) como de la Junta de Castilla y León de reducir la subvención de primas en la mayoría de líneas de aseguramiento.

La intención de las administraciones es bajar aún más la aportación que realiza el Gobierno central y el gobierno regional, y por lo tanto incrementar el coste final del seguro agrario.

Estamos ante una decisión muy gravosa para los profesionales del sector, puesto que atenta directamente contra uno de los instrumentos necesarios para aportar seguridad y confianza al sector en unos momentos de crisis como los actuales.

UPA considera inapropiado que tanto Enesa como la Junta de Castilla y León actúen de este modo, que bajo nuestro punto de vista atenta directamente contra muchos agricultores y ganaderos, que no podrán acceder a suscribir un seguro, y por lo tanto no podrán mantener las rentas por los descensos de productividad que pueden darse a lo largo del año en sus explotaciones.

La disposición normativa que quiere establecer el Gobierno regional significa una reducción considerable en líneas fundamentales de subvenciones complementarias a las concedidas por Enesa, para aquellos productores que suscriban seguros incluidos en los Planes Anuales de Seguros Agrarios a lo largo del 2009.

En todo caso, UPA lamenta que la política de seguros agrarios que fomenta la Junta de Castilla y León sea la de desincentivar el aseguramiento de las explotaciones agrarias, y la de incrementar los costes de producción a los agricultores y ganaderos.

Nuestra organización considera que estamos ante una actuación que lejos de fomentar un instrumento eficaz de mantenimiento de rentas en el sector agrario, lo que hace es generar incertidumbre e impedimentos para una adecuada cobertura a las producciones frente a los riesgos que puede ocasionar pérdidas en las explotaciones agrarias.

Por este motivo UPA ha presentado alegaciones contra la propuesta de la Junta de Castilla y León, por lo que implica de gravoso y perjudicial para los titulares de explotaciones agropecuarias en la región.