10 de marzo de 2009. El Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha presidido hoy la reunión del Consejo del Medio Rural, órgano de coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas para el desarrollo sostenible del medio rural. En la reunión se ha avanzado en el proceso de elaboración del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, con el objetivo de que para el periodo 2010-2014 pueda aplicarse, de acuerdo con la zonificación que establezcan las Comunidades Autónomas, en todo el territorio nacional, y muy especialmente en las zonas definidas como desfavorecidas.

En este sentido el Secretario de Estado ha indicado que se han repasado las experiencias piloto del pasado año, con el objetivo de ampliarlas en 2009, e intensificar los proyectos piloto que están sirviendo para identificar cuales deben ser las posiciones a adoptar para acabar con las diferencias socioeconómicas existentes entre el mundo rural y el urbano. Unos proyectos piloto los del 2009 cuyo contenido y formulación deberá aproximarse al escenario general de la Ley que debe concretar el Programa de Desarrollo Rural Sostenible en elaboración.

Frente a los cerca de 50 proyectos ya puestos en marcha este año como resultado de los convenios suscritos a finales del ejercicio anterior, Joseph Puxeu ha indicado que confía en este ejercicio superar el centenar de zonas piloto de aplicación, con una mayor diversificación de las medidas y desarrollándose en todas las Comunidades Autónomas, donde los índices de población son inferiores a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, pero muy especialmente en las áreas que están sufriendo mayor despoblación y necesitan una revitalización.

En todo caso, las actuaciones se llevarán a cabo con respeto estricto del marco competencial tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas. Antes del 31 de marzo del presente año las diferentes Comunidades Autónomas concretarán las zonas piloto de actuación de este año y junto con la Administración General del Estado precisarán los escenarios financieros en régimen de concertación al 50%. Se contempla la rúbrica de esta segunda etapa de programas piloto, que afectan a la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, antes de finalizar el tercer trimestre de este año.

A futuro no se contemplan más programas piloto y, ya de cara al próximo ejercicio, la aplicación de la ley encontrará una senda de normalidad con la definición de las zonas de actuación y la aprobación por parte de las Comunidades Autónomas de los programas de zona.

En esta línea, la reunión del Consejo del Medio Rural, a la que han asistido representantes de 11 Ministerios, de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha sido el marco en el que se han acordado los criterios comunes para la calificación de las zonas rurales. Unos criterios de base que, más allá de asegurar la coherencia común en la aplicación de la ley y en la delimitación de las zonas por parte de las Comunidades Autónoma, contemplan un razonable grado de flexibilidad en su aplicación y están abiertos a adición de criterios específicos que por sus peculiaridades singulares puedan sugerir las Comunidades Autónomas, siempre dentro del escenario general de aplicación hoy consensuado.

Igualmente el Consejo de Medio Rural ha consensuado un conjunto de determinaciones en relación con la delimitación de las zonas rurales, en particular la consideración de prioritarias de las mismas cuando el 50% de la población o el 75% del territorio estén considerados como a revitalizar.

El Consejo de Medio Rural ha pasado igualmente revista al programa de actividad relacionado con la ley e incorporado a la hoja de ruta para el año 2009 aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 16 de enero.

Destaca en este calendario la aprobación del primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible. En relación con este importante documento, el Consejo del Medio Rural ha analizado el trabajo en curso de elaboración del mismo, en donde ya se han iniciado los contactos bilaterales con los diferentes departamentos ministeriales y se ha acordado iniciar igualmente este proceso con las diferentes administraciones autonómicas. Esta previsto en una próxima reunión del Consejo durante el mes de junio revisar el contenido material de este primer PDRS.

Finalmente se ha informado a los miembros de la presentación ante el órgano ambiental competente de un primer estudio de incidencia ambiental del PDRS, de acuerdo con la legislación en materia de evaluación ambiental de planes y programas, y se ha trasladado una primera propuesta, para su análisis, de contenidos de los programas de zona.