Sevilla, 11 de noviembre de 2008. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, no comprende que, en un momento de crisis, cuando cada día se pierden puestos de trabajo y todos buscan formas de reactivar la economía, las administraciones defiendan el desacoplamiento de las ayudas, incluso en sectores donde ese desacoplamiento conduciría al abandono de la actividad agraria.

Esta organización agraria recuerda que desvincular las ayudas del hecho de producir es una perversión del sistema, que a medio plazo cuestiona la continuidad de dichas ayudas, porque no obliga a contraprestación alguna. La experiencia demuestra que el desacople conduce directamente al abandono. Así ha ocurrido ya en sectores como el algodón que, sin estar totalmente desacoplado, ha sufrido una reducción de la producción cercana al 70% y al cierre de muchas empresas desmotadoras; o la remolacha, que ha visto reducida a la mitad la superficie de cultivo y pasará de las tres fábricas que tenía antes de la OCM a sólo una para la próxima campaña.

Actualmente, existen sectores que se ven especialmente amenazados si se materializa el desacoplamiento que desde algunas instancias, como el Ministerio de Medio Rural o la Consejería de Agricultura, se propone. Es el caso del ovino-caprino, un sector del que viven de forma directa 16.000 familias andaluzas. Estas explotaciones, que albergan a 5 millones de cabezas de ganado, se encuentran situadas en su mayoría en zonas rurales y de montaña, favoreciendo el equilibrio territorial y medio ambiental. Si estas explotaciones desaparecen, no sólo desaparece una forma de vida milenaria, sino que también se esfuman los beneficios sociales (empleo y mantenimiento de la población en el ámbito rural) y medioambientales que conlleva. Además, la experiencia demuestra que cuando un sector se desmantela es prácticamente imposible recuperarlo.

Por eso, desde COAG consideramos que, frente a la idea del desacople, es necesaria una apuesta fuerte de las administraciones públicas en defensa de un modelo social y profesional de agricultura. Esta organización agraria pide a la Consejería de Agricultura que no adopte una postura cómoda y “seguidista” respecto a las propuestas de Madrid y Bruselas, llegando incluso a proponer medidas que van más allá del planteamiento inicial del documento del chequeo. Los agricultores y ganaderos andaluces no necesitan una administración que eluda su responsabilidad, dejando la regulación de la actividad productiva en manos del mercado, ese mismo mercado que se ha revelado a todas luces incapaz de mantener la estabilidad económica y de defender el interés general.

Desde COAG pedimos que las administraciones sean responsables y hagan política, que intervengan para mantener la estabilidad en los sectores productivos. Los profesionales agrarios no queremos recibir ayudas por no producir, sino que las administraciones pongan en marcha medidas para promover la calidad de nuestros productos y fomentar su consumo; que busquen mecanismos para controlar las importaciones de países terceros que tanto daño hacen, ya que ofrecen precios bajos a costa de las garantías sociales de la mano de obra y perjudican la imagen de nuestras producciones. En definitiva, queremos políticos responsables que pongan en marcha mecanismos de control que den transparencia al mercado, combatan los abusos y garanticen precios estables y dignos para productores y consumidores.