En el Consejo de Gobierno se ha aprobado el Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Económico-Financiero del Canon del agua impulsado desde el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

El Gobierno Vasco ha dado luz verde al desarrollo reglamentario de la Ley de Aguas que incluye una bonificación del 95% de la base imponible para el consumo agropecuario, siempre que se acredite por el órgano sectorial agrario competente el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias, Cuaderno de Explotación, Contrato Ambiental u otras acreditaciones expedidas por las Instituciones vascas.

Pues bien desde la organización agroganadera ENBA queremos mostrar nuestra TOTAL DISCREPANCIA con lo acordado por el Gobierno Vasco que no ceja en su empeño y fija un trato discriminatorio del agua para uso agrario frente al agua para uso doméstico que lo ha dejado totalmente exento de pago de canon en su consiguiente desarrollo reglamentario.

A los ya reiterativos argumentos medioambientales, naturísticos, etc. que ha venido esgrimiendo nuestra organización agraria, la administración vasca ha venido haciendo oídos sordos y cuando en una última reunión con responsables de la Agencia Vasca del Agua ENBA plantea el despilfarro de dinero público que supone la puesta en marcha de este nuevo canon para la actividad agraria y la ingente tarea burocrática que su cobro conllevará para, en el caso de que se generalice la bonificación del 95%, recaudar finalmente una cantidad irrisoria para las arcas públicas.
ENBA no comprende la insistencia en aplicar este nuevo canon a las explotaciones agrarias mientras miles de hogares vascos que superan ampliamente los limites prefijados quedarán exentos de su pago al ser beneficiados por la “amnistia” acordada entre, ayuntamientos, consorcios y el departamento de Medio Ambiente y recuerda asimismo que la Directiva Marco del Agua en que tanto se ampara el ejecutivo de Lakua, también contempla una tarifa diferenciada para el agua de uso agrario, cuestión de la que este Gobierno no quiere oír ni hablar.

ENBA quiere alzar su voz ante esta injusticia donde un ejecutivo se empeña en cobrar un nuevo impuesto a aquellos ciudadanos a los que el conjunto de las administraciones vascas tratan como ciudadanos de segunda al perpetuarles en una situación donde la inmensa mayoría de caseríos vascos siguen en pleno siglo XXI sin garantía abastecimiento normalizado y sin redes de saneamiento y depuración.