El Parlamento Europeo (PE) ha dado el visto bueno a la nueva estrategia en sanidad animal propuesta por la Comisión Europea. Dicha propuesta tiene como objeto modernizar y armonizar el marco legislativo en la UE, con especial hincapié en las medidas de prevención, vigilancia, control e investigación. Los europarlamentarios, si bien han apoyado la propuesta, han pedido fondos acordes a la misma. Solicitan que se aumenten los fondos veterinarios, dado que la mayor parte de la financiación de la política veterinaria de la UE debería proceder del presupuesto comunitario.

Asimismo, el PE se ha mostrado a favor de toda medida destinada a intensificar la utilización de las vacunas a título curativo y profiláctico, para prevenir y eliminar la enfermedad más eficazmente. Los europarlamentarios han manifestado que para tener un sistema de vacunación eficaz es necesario contar con un presupuesto adecuado, eliminar las restricciones a los animales vacunados y desarrollar bancos de vacunas. Los europarlamentarios se han opuesto a un etiquetado específico de los productos vacunados y a una información adecuada a la población sobre la inocuidad de los productos derivados de animales vacunados.

Opinan que el sistema debe prever medidas incitativas a la prevención, a través de una reducción de las contribuciones de los agricultores a los fondos de sanidad animal, así como un sistema de seguros nacionales al que cotizaran los ganaderos. Señalan que el riesgo de enfermedades se incrementa con las elevadas concentraciones de animales y los transportes de animales vivos a larga distancia. En cuanto a la reintroducción de las proteínas animales en los piensos, opinan que hay que aplicar de forma estricta el principio de precaución, con controles adecuados que garanticen la trazabilidad y eviten las contaminaciones y mezclas de harinas.

Asimismo, los europarlamentarios consideran que hay que defender ante la OMC las normas de sanidad y bienestar animal de la UE y que hay que protegerse de las importaciones de productos animales que tengan criterios menos exigentes a los de la UE.