28, abr, ’08.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Senado, José Cruz Pérez Lapazarán, ha puesto de manifiesto “el estupor que produce el tratamiento dado por el Gobierno a la introducción, e incluso el consumo de parte de aceite de girasol contaminado en la cadena alimentaria española y la actuación llevada a cabo por el Ejecutivo, primero, prohibiendo la venta de todo aceite de girasol y, después el posterior levantamiento de esta medida”.

“No es de recibo que un país como España, que tiene una Agencia de Seguridad Alimentaria que depende del Ministerio de Sanidad y del antiguo Ministerio de Agricultura –hoy Ministerio de los Medios-, permita la introducción de mas de 12 millones de litros de aceite crudo de girasol en su cadena alimentaria”, ha remarcado el portavoz popular.

En este sentido, Pérez Lapazarán ha afirmado que es difícil de entender que el Gobierno y su red de alertas no hayan detectado la contaminación y haya autorizado su comercialización y, lo más preocupante, el caos que ha producido con la peculiar prohibición de su venta.

“Se percibe improvisación gubernamental, mala información, lentitud, descoordinación y una alarma que, aparentemente, tiene mas de afán de protagonismo que intención de solucionar la situación”, ha dicho el senador del PP, quien también ha preguntado acerca de” quién del Gobierno se hace responsable de esta flagrante situación ¿Para que se creó una Agencia de Seguridad Alimentaria? ¿Para que un presupuesto y unos medios económicos y humanos tal altos de este organismo, si luego no son capaces de detectar un “mar de aceite” en malas condiciones de consumo? ¿Es permisible tanta descoordinación gubernamental?”.

“¿Que ejemplo da el Gobierno exigiendo a los productores y a la industria aceitera española altos requisitos de trazabilidad y calidad si luego llega al consumo español aceite del exterior que no cumple con los mínimos requisitos para su uso? ¿Cómo ha podido llegar a consumirse un producto que si hubiera sido mas peligroso hubiera producido unos daños inimaginables sobre la salud de muchos españoles?”, ha vuelto a preguntar José Cruz Pérez Lapazarán.

EL GOBIERNO DEBE ASUMIR RESPONSABILIDADES

El portavoz popular ha afirmado con rotundidad que “el Gobierno debe asumir sus responsabilidades en este enorme error” que ha puesto en evidencia la debilidad del control sobre la seguridad alimentaria en España. “¿Qué grado de confianza se ofrece al consumidor español de la eficacia de la seguridad alimentaria en España? Y si no fuera un problema de salud tan evidente, por qué tanta salida a la prensa, para a los pocos días anular lo aprobado”, ha interpelado el senador navarro.

Así también, Pérez Lapazarán ha asegurado que produce también estupor que después de una reorganización gubernamental como la realizada por el presidente Rodríguez Zapatero, con nueva denominación de ministerios, no se haya delimitado bien a cual le corresponde la alimentación y la agricultura. “Esto provoca la difuminación de responsabilidades del Gobierno, por lo tanto “no se puede entender cómo la alimentación y la agricultura de un plumazo se encuentran sin ninguna referencia en el nombre de los nuevos ministerios”, ha apostillado.

Para el portavoz navarro resulta muy difícil explicar como un país como España, que sufrió un envenenamiento por el “aceite de colza”, que generó cientos de muertos en 1981 y que provocó una seria reestructuración ministerial, con separación de responsabilidades y la creación de un Ministerio especifico de agricultura y alimentación, se encuentre en esta situación. “Es lamentable comprobar como en estos momentos se vuelva al pasado y no tenemos un Ministerio que se responsabilice de estas materias”, ha remarcado.

“La pregunta seria, ¿y si hubiera perjudicado a la salud o produjera alteraciones sobre ella? A quién echarían la culpa a Francia, a Alemania o al PP como viene siendo habitual. Y la segunda sería y si no hay problema para la salud para que tanto caos y alarma”, ha preguntado Pérez Lapazarán.

PERJUICIO PARA LOS PRODUCTORES ESPAÑOLES

En última instancia, el portavoz popular ha asegurado que también habría que preguntarle al Gobierno, quién va a compensar a los productores de aceite de girasol nacional, que elaboran y comercializan aceite en buenas condiciones, y se ven envueltos en una prohibición de la comercialización de su producto y, expuestos a una crisis de mercado de efectos desconocidos, lo que sin lugar a dudas, les va a producir perdidas económicas.

“El Gobierno no puede escurrir el bulto y buscar justificaciones como el que “ha sido una intervención rápida y eficaz” y trasladar responsabilidades a otros. Tiene que reconocer que ha habido negligencia, que se les han “colado” miles de toneladas de aceite contaminado, que se ha consumido y comercializado, que no le han funcionado la red de alertas nacionales, que los Ministerios de Medios y Sanidad han sido ineficaces y con sus mensajes, más que tranquilidad, han trasmitido temor y pánico ante la comercialización en nuestro país alimentos de dudosa calidad”, ha finalizado Pérez Lapazarán.