Valencia, 3 de abril de 2008. AVA-ASAJA atribuye el expediente san­cio­na­dor abierto por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contra la pa­tronal ali­men­taria (FIAB) a la falta de una regulación que dé transparencia al proceso de fi­ja­ción de los pre­cios. A este respecto, como matiza su presidente, Cristóbal Aguado, “lo importante no debiera ser si se ha dado un acuerdo o no entre las partes para su­bir o bajar los precios, sino si la situación del mercado genera una relación de explotación que afecte a alguno de los eslabones de la ca­de­na, a los pro­duc­to­res, intermediarios, distribución o consumidores y para evitarlo la solución pasa por aprobar una Ley de Comercio sobre márgenes”.

Así pues, el expediente abierto por la CNC no entra para Aguado en “el meo­llo de la cuestión” porque cuestiona materias de índole empresarial, es­trategias que -si bien pudieran ser constitutivas de sanción al poder restringir la com­pe­tencia- no “de­­jarían de ser secundarias a los efectos de proteger a los colectivos más mal­tra­ta­dos de la cadena comercial, que sin duda son el consumidor y el pro­ductor”. De he­cho, en los dos únicos productos frescos en los que el órgano gu­ber­na­men­tal sos­­pe­cha que se han producido prácticas limitadoras de la competencia –el pollo y los hue­­vos- presentan brechas entre el precio en origen y en destino mucho menores que en la mayor parte de alimentos perecederos. Hecho éste que, pese a la gra­ve­dad del proceso inflacionista que vive España y del gran diferencial que man­tiene con res­pecto a la media europea en cuanto a la evolución de los precios de los ali­men­tos, no ha despertado hasta el momento ninguna inquietud en la Ad­mi­nis­tración cen­tral.

Así, según los últimos datos del Observatorio de Precios del Ministerio de Agri­cultura, el precio percibido por el productor de pollos se multiplica por 1,71 cuan­do llega al consumidor y el de los huevos lo hace por 1,7. Por el contrario, en el caso de las naranjas se multiplica por 4,82, en el de los limones por 2,93, en la patata por 3,71 y por seis en el de las cebollas, por citar algunos casos es­pe­cialmente cercanos a la realidad hortofrutícola valenciana.

Por todo ello el líder de esta asociación agraria acusa al Gobierno de “eludir su responsabilidad” al no atacar los “abusos comerciales que se han consolidado, no só­lo durante estos meses de subida de la inflación, sino mucho antes incluso, cuan­do en el campo se sucedía una crisis tras otra sin que los precios pagados por el consumidor se resintieran”. Tal actitud contrasta con la política mantenida hasta el momento por Francia que, no sólo ha consolidado un importante cuerpo legislativo contra los abusos de posición dominante fundamentalmente de la gran distribución, sino que en febrero anunció una investigación sobre el “comportamiento real” –dijo el primer ministro galo, François Fillon- de los precios de los alimentos puesto que consideraba que se habían dado “excesos” por parte de los industriales y los dis­tri­bui­dores en los márgenes de transformación, intermediación y distribución.