Valencia, 9 de diciembre de 2007. AVA-ASAJA se opone frontalmente a la propuesta introducida en la revisión de la Política Agrícola Común (PAC), que plantea negar ayudas comunitarias a los titulares de explotaciones agrarias inferiores de 1 hectárea (Ha). La propia comisaria de Agricultura, Mariann Fischer, advirtió –basándose en la propuesta de ‘chequeo médico de la PAC ‘ que fue aprobada el pasado día 20- que la superficie mínima para recibir subvenciones podría elevarse incluso hasta las 1,3 Ha, cuando actualmente está fijada en 0,3.
“Teniendo en cuenta el minifundismo reinante en la agricultura de la Comunitat, con esta medida miles de agricultores se verían privados de ayudas porque su explotación no superaría el mínimo reclamado”, denuncia el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
En la Comunitat existen cerca de 41.300 explotaciones agrícolas con una superficie cultivable de menos de una hectárea, lo que representa casi el 29% del total en nuestra región. Sólo en cítricos, el minifundio alcanza a 38.070 parcelas, o lo que es lo mismo, se extiende en unas 18.500 Ha. Respecto del olivar, 1.815 explotaciones tienen menos de una hectárea, lo que suma 500 Ha en toda la Comunitat. Según una primera estimación del servicio técnico de AVA-ASAJA, la implementación de esta medida supondría para el sector citrícola valenciano dejar de recibir seis millones de euros anuales en concepto de ayudas.
Hasta ahora sólo recibían fondos del pago único los productores valencianos de arroz, olivar, frutos secos, cereales, oleaginosas y proteaginosas pero, una vez se aplique en 2008 la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, los citricultores de la Comunitat también accederán a estas subvenciones.
Aguado consideró a este respecto que “Bruselas debería pensar que el fin de la PAC es mejorar las condiciones de vida de los agricultores y no complicarles más la vida”. El presidente de AVA-ASAJA cuestiona por ello que sea el ejecutivo comunitario el que determine si una explotación es viable o no según su superficie porque esto es una cuestión que “debería decidir el productor, que es el que sufre las consecuencias del minifundio y hace sus cuentas”.
El documento recientemente aprobado por el ejecutivo comunitario será la base sobre la que diseñar los presupuestos de 2008 y 2009 así como las tendencias que se impondrán en la política agraria después de 2013.
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