25 septiembre de 2007. La organización agraria ASAJA de Castilla y León rechaza las declaraciones efectuadas en el día de ayer por el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, en las que acusaba al sector agrario de tener a sus asalariados en una situación laboral de “semiesclavitud”. ASAJA exige a la UGT una rectificación y se pregunta si la Unión de Pequeños Agricultores (integrada en UGT), comparte las declaraciones de su líder regional.

ASAJA quiere dejar claro que el campo está ofreciendo al inmigrante su primer trabajo, que le recoge cuando nadie confía en él, que comparte con el empresario agrario las tareas de la explotación en igualdad de condiciones, que se le paga mejorando las condiciones del convenio colectivo en vigor, y que en no pocas ocasiones por razones humanitarias se da acogida a toda su familia proporcionando vivienda, alimentos y servicios diversos.

ASAJA le recuerda al secretario general de UGT/UPA que el campo es víctima del deseo del trabajador de optar por otras profesiones, tan pronto le es posible, motivado no por estar en el campo en inferioridad de condiciones laborales, sino por el rechazo social que existe a las labores agroganaderas y por el deseo de integrarse en la vida de las ciudades. Esta es la razón por la que el agricultor hace un esfuerzo por traer trabajadores extranjeros sorteando los muchos obstáculos legales y después al cabo de unos meses abandona la explotación para dedicarse a otras profesiones como la construcción o los servicios.

ASAJA lamenta el concepto que sobre el empresario agrario de Castilla y León, en su mayoría titular de una explotación familiar, tiene el líder de UGT, y le acusa de querer destruir el tejido agroindustrial con declaraciones tan graves e incendiarias como la de pedir que haya un inspector de trabajo detrás de cada explotación agroganadera.

La organización agraria ASAJA ha sido partidaria de flexibilizar la normativa que regula la entrada de trabajadores extranjeros y criticó en su día con dureza la moratoria a la entrada de trabajadores Rumanos y Búlgaros aprobada por el Gobierno de Zapatero.