Después del fallo de la Audiencia Nacional con relación a la denominada trama del lino, cabría preguntarse qué pensarían ahora algunas de las personas enredadas por este asunto, como la entonces (hablamos del año 1999) ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, y la esposa –agricultora profesional, por cierto- del que fuera delegado del Gobierno en la región, Carlos Moro. Ya no conoceremos su reacción, pues los tres han fallecido.

La Administración regional sabía perfectamente que los agricultores estaban haciendo las cosas bien. De hecho, la dirección general de la Consejería de Agricultura encargada de controlar que así fuera, hacía su labor a la perfección, y las parcelas sembradas de lino pasaban una inspección anual, y algunas, dos; al menos en la provincia de Toledo. Mediante controles en campo se comprobaba que la parcela estaba sembrada, que se había utilizado la semilla en cantidad y calidad apropiadas, cuál era el rendimiento conforme al que se cobraría la ayuda, etcétera. ¿Por qué, entonces, desde el Gobierno regional se hablaba tanto del “fraude del lino” y de “cazaprimas”?

Después de la sentencia de la Audiencia absolviendo a los acusados por el supuesto fraude en el cobro de las ayudas europeas destinadas al lino textil, lo único claro es que se consiguió acabar con el cultivo de un producto que era una buena alternativa para nuestra agricultura y que, además, era rentable debido a que las ayudas comunitarias eran más elevadas que en otras producciones. Hay que deducir, por tanto, que a los empresarios agrícolas se les puso en tela de juicio por el “delito” de apostar por una mayor rentabilidad. De hecho, en cuatro años su siembra en España se había disparado: de 200 hectáreas se pasaron a 35.000, buen parte en Castilla-La Mancha. Ahora, la superficie de lino en nuestra región es cero. No pasa lo mismo en otros países, los grandes beneficiados por nuestra ‘trama del lino’, si no, que se lo pregunten a Francia o a otros países europeos cuyos agricultores sí siguen sembrando y percibiendo las ayudas.

La Administración castellano-manchega se “extralimitó”–no lo dice ASAJA, lo dice la Audiencia Nacional- y ahora, aquí, ya no hay lino, pero sí agricultores a quienes se adeuda parte de las ayudas por dicho cultivo. En su día fue la propia Interprofesional del Lino la que avisó a la Consejería de Agricultura para que vigilara a alguna industria transformadora por si acaso alguien no estaba haciendo bien las cosas. Si había irregularidades, se tendrían que haber corregido y si había algún agricultor merecedor de sanción, que se le hubiera sancionado, tal y como se hace en el resto de cultivos. Por ejemplo, cuando un viticultor tiene una plantación de viñedo ilegal, se le multa y se le conmina a que arranque dicha viña, pero no se hostiga al sector en pleno.

Ahora parece que la ‘trama del lino’ no fue tal, pero las consecuencias para nuestra agricultura han sido nefastas: agricultores que pierden dinero porque no cobran las ayudas que les corresponden, desaparición de un cultivo rentable, la imagen de los productores manchada, y todo ¿por qué?: por unos intereses políticos del Gobierno regional que nada tenían que ver con la agricultura.