12 de abril de 2007.- Alrededor de 1.500 agricultores han participado en la segunda concentración “taronja”, que han celebrado hoy La Unió-COAG y UPA ante la Delegación del Gobierno en Valencia, para exigir soluciones a la más grave crisis de la historia que recuerdan los citricultores de la Comunitat Valenciana. La primera concentración tuvo lugar el pasado 30 de marzo ante la Conselleria de Agricultura.
La concentración ha ido precedida de un entierro e incineración simbólica de la citricultura valenciana como protesta ante la pasividad de las Administraciones por la grave situación en la que se encuentran los agricultores y, en este caso, los citricultores que pierden cada vez más dinero por cultivar ante los bajos o nulos precios que reciben.
El lema de la concentración ha sido “Menos propaganda, más precio. Queremos futuro” y al final de la misma se ha entregado al delegado del Gobierno en la CV, Antonio Bernabé un escrito con las principales reivindicaciones de los citricultores valencianos hacia el gobierno central.
Entre las medidas que reclaman La Unió-COAG y UPA destaca la implantación de una Ley de Comercio de productos agroalimentarios que contribuya a una mayor participación de los productores en la cadena agroalimentaria y en el valor añadido de los productos y que cuente con un mecanismo que garantice la renta de los productores ante una situación de crisis, distinguiendo entre productos perecederos y no perecederos. Para ello, esta Ley debe incluir e instaurar una regulación de los márgenes comerciales que propicien una mejor participación del productor en el precio final del producto porque el propio Ministerio de Agricultura destaca en su Observatorio de Precios una diferencia de los precios entre origen y destino de más de un 700 por ciento.
La Unió y UPA demandan al Gobierno central así mismo medidas que favorezcan y faciliten la transparencia del mercado como una Ley de Contratos que establezca la obligatoriedad de una relación contractual en todas las transacciones comerciales y conseguir relaciones equitativas entre productores y el resto de agentes. También que entre en la trazabilidad de los precios porque en la transparencia en los precios debe contemplar un conocimiento exacto de la formación del precio en cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria.
Otras de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias hacia el Gobierno central pasan por la implantación de un sistema de seguro agrario que garantice la renta del agricultor ante cualquier incidencia, tanto climática como de mercado o por adaptar la fiscalidad agraria a la realidad del sector porque ahora los agricultores pagan impuestos sobre pérdidas. En este sentido se solicita módulo cero para la campaña de la renta actual y condonación del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica o de las cuotas de la Seguridad Social.
Por lo que se refiere al ámbito europeo, La Unió y UPA han trasladado al Gobierno la necesidad de aprobar en Bruselas una OCM de Frutas y Hortalizas que contemple medidas que garanticen la renta de los agricultores y un mayor control de Importaciones y de la preferencia comunitaria: garantía de cumplimiento de contingentes, precios de entrada, condiciones fitosanitarias y de calidad de los productos procedentes de países terceros.
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