28 de febrero de 2007. La organización UPA lamenta que en nuestra comunidad autónoma se sigan poniendo trabas y se busquen excusas para frenar inversiones en los municipios de la región. En esta ocasión ha sido un organismo fuera de la Administración, como es el CES, el que a través de su presidente ha puesto en duda la conveniencia de inversiones rurales en los núcleos de población más pequeños.

UPA como organización agraria profesional que es, no puede compartir que se ponga cualquier tipo de freno a inversiones que lleguen al medio rural, porque actuar de este modo es acelerar el despoblamiento que sufre nuestra comunidad autónoma.

Nuestra organización tampoco está de acuerdo en que justificando cicateras inversiones en pequeños municipios por intereses partidistas para después sacar un rédito electoral, no se garantice la seguridad de los habitantes del medio rural. UPA considera de justicia que los hombres y mujeres que viven y trabajan los 365 días del año en municipios con poco habitantes tengan los mismos derechos que los ciudadanos de las grandes urbes.

Por este motivo UPA no puede compartir declaraciones en las que se atisbe la intención de distinguir entre ciudadanos de primera o de tercera categoría, y por eso velamos porque no se deteriore aún más las posibilidades de ocio, cultura, sanidad o infraestructuras de numerosos pueblos de Castilla y León.
Aún siendo conscientes que estas inversiones no se rentabilizan en uso y en votos como en cualquier barrio de la ciudad, no es menos cierto que resulta injusto cercenar ciertos servicios que conducen a un absoluto ostracismo del medio rural.

No podemos por menos que mostrar nuestra preocupación porque desde instituciones que nada tienen que ver con las distintas administraciones se insista en que las inversiones rurales deben tener como criterio la viabilidad, puesto que eso supone ahondar en un problema como el de la despoblación, que se ha demostrado está haciendo mucho daño a la región.

UPA pide que se haga un ejercicio de responsabilidad por parte de todos, empezando por las distintas administraciones, y que se diga con absoluta franqueza si lo que se quiere es acabar con la población rural, y que se produzca una migración hacia las grandes ciudades, con los serios inconvenientes que este movimiento poblacional generaría a todos los niveles.