UPA ha remitido al consejero de Agricultura de Castilla y León José Valín toda la información relacionada con la reciente denuncia interpuesta ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de la comunidad autónoma, en la que nuestra organización solicita a dicho organismo que investigue la supuesta concertación de precios impuestos por las industrias que operan en el mercado del girasol.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos quiere que el consejero de Agricultura conozca de primera mano que hemos dado este paso una vez comprobada la similitud de precios pagados a los cultivadores por parte de las industrias integradas bajo Afoex de una forma que, bajo nuestro punto de vista, atenta a los principios de la libre competencia, y que ha supuesto pérdidas en nuestra comunidad autónoma de 12 millones de euros.

Además de la explicación detallada de la denuncia, UPA ha vuelto a exigir a la Consejería que desempeñe un papel prioritario en la puesta en marcha de una Interprofesión del girasol, en la que queden garantizadas las relaciones contractuales entre el sector productor y las industrias.

Consideramos que es responsabilidad de la Administración regional velar por los intereses de los agricultores y regular una actividad en la que se exijan contratos entre las partes, de forma que se conozcan los precios que se acuerden previo a las siembras. De lo contrario seguirá la industria campando a sus anchas y abusando de forma indecente de los cultivadores imponiendo en todo momento las condiciones que más le interese de forma unilateral.

UPA considera que sólo de este modo se evitará que las industrias integradas en Afoex marquen los precios a su antojo sin preocuparles la situación en la que quedan los cultivadores de nuestra comunidad autónoma, que en muchos casos no llega compensar los costes de producción.

Nuestra organización califica como lamentable que a pesar de que el sector productor lleva desde hace semanas exigiendo explicaciones al presidente de
Afoex, que pertenece al Grupo Acesur y responde al nombre de José María García, sin embargo siga sin dar la cara y se parapete bajo un sospechoso silencio, que deja bien a las claras lo injustificable de una situación que como hemos denunciado ante el Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León responde a prácticas abusivas en la fijación de precios.