Madrid, 18 de enero de 2007.- Con relación al proyecto de Ley que prepara el Ministerio de Sanidad para la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores, la Federación Española del Vino quiere contribuir al debate con las siguientes consideraciones:

1.- COMPARTE la valoración sobre la gravedad del problema planteado de consumos abusivos entre los menores en España, y que requiere la aplicación de políticas que puedan erradicarlo, pero DISCREPA sobre las medidas que el Ministerio propone para hacerlo.

2.- CONSIDERA que las medidas que se barajan en estos momentos resultan desproporcionadas, por exceder el ámbito de los jóvenes y por el perjuicio que causaría a los sectores, al tiempo que resultan ineficaces con respecto al objetivo planteado. Su naturaleza prohibicionista no ha funcionado ni en otros países que las han implantado ni en algunas Comunidades Autónomas que ya regularon al respecto.

3.- RECLAMA que las soluciones a adoptar tienen que ser fruto de un amplio y sosegado debate implicando a otros ministerios directamente involucrados, a todos los niveles de la administración, incluidos Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y al conjunto de la sociedad.

4.- PROPONE, en el marco del debate constructivo que debe plantearse, que las medidas a adoptar estén basadas en:

– La educación de los menores en el fomento de pautas de consumo moderadas, responsables e inteligentes
– La autorregulación de los sectores, sobre todo en materia de publicidad
– Y la responsabilidad individual.

5.- SUGIERE, que se tenga en cuenta, la recientemente adoptada “Estrategia europea para la reducción de los daños del alcohol, que propone medidas basadas precisamente en la educación en patrones de consumo moderado.

6.- Y, finalmente, con respecto al vino, RECUERDA que se trata de un alimento de origen agrícola de enorme importancia económica, cultural, social y medioambiental en España. El VINO, tiene asociadas unas pautas de consumo moderadas y ligadas a la alimentación, con efectos saludables científicamente probados, que podrán ser difundidos entre la población con el apoyo de las administraciones públicas, como reconoce la propia Ley del vino del año 2003.