Sería injusto no reconocer al sector remolachero-azucarero el dinamismo y la profesionalidad que desde hace varias décadas ha impulsado a través de la Mesa Interprofesional.

Las actuales pretensiones liberalizadoras suponen una verdadera reválida para dicha Mesa, y por eso ha llegado el momento de demostrar que el entendimiento durante tantos años no ha sido ficticio y que sabemos mantenernos juntos y operativos en los momentos difíciles.

Muchos son los intereses que se deben tener en cuenta, porque muchos son los profesionales que durante estos años han vivido por y para la remolacha y el azúcar, y todos ellos tienen que tener el mismo nivel de prioridad. Cada industria azucarera tiene su estructura y por tanto una estrategia diferente, alguna por desgracia ya ha tenido que dejar la actividad. Cada agricultor entenderá que su futuro puede estar dentro o fuera del sector, y de hecho unos cuantos también han abandonado. Pero la Mesa Interprofesional sólo debe tener un objetivo: mantener la actividad que realmente sea rentable tanto para industriales como para agricultores, y proporcionar una salida lo más digna posible para todos aquellos que tengan que buscar un futuro en otros cultivos o en otros sectores económicos.

El sistema aprobado establece una serie de medidas destinadas a compensar parte de los “destrozos” que puede provocar el proceso de reestructuración. Sin embargo, hasta el momento no hemos sido capaces de consensuar cuáles son las más adecuadas, y casi hemos dejado escapar dos de las cuatro campañas que va a durar este proceso.

La pregunta que yo me hago es ¿Cuándo se va a dejar de lado los intereses particulares de una empresa, un agricultor, una administración determinada, para ponernos a trabajar conjuntamente y aportar un proyecto de futuro para un sector que tanto queremos?

Tenemos que ser realistas y aprender algo de aquellos que nos rodean, porque sin duda las condiciones que nos han impuesto tienen que provocar un cambio en el mapa remolachero-azucarero aunque de momento nadie se atreva a anunciarlo.

Todos conocemos agricultores que tienen pensado abandonar el cultivo, principalmente porque sus explotaciones no son rentables con los precios impuestos en la reforma de la OCM. También conocemos muchos otros agricultores que quieren y pueden producir remolacha si se utilizan todas las herramientas que hay en la legislación comunitaria.

¿Vamos a dejar pasar la oportunidad de poner a disposición de estos agricultores del futuro un presupuesto adicional por no ser capaces de pensar como colectivo?

Sin duda esta propuesta de consenso debe pasar por abandonar las posiciones extremas, escuchar a todos los remolacheros que se ven obligados a abandonar el sector, asegurar que esta salida sea lo menos traumática posible, analizar donde está la rentabilidad del cultivo, establecer un reparto de cuota equilibrado y lógico entre zonas productoras e industrias transformadoras, y explicar a las Administraciones que todo el apoyo que puedan dar al sector será menos de lo que realmente necesita.

Vamos a intentar no hablar de partidos políticos, ni de siglas sindicales, ni de empresas privadas. En primer lugar es necesario que inmediatamente los agricultores sepan qué año se va a utilizar para el cálculo de la posible ayuda a la reestructuración y aumentar ese porcentaje del 15% establecido en la legislación española. Aquellos agricultores que han mantenido el cultivo hasta este momento deben ser los potenciales beneficiarios de la ayuda y esto debe quedar muy claro en la legislación.

Además todos sabemos que la cuantía que debería recibir el agricultor debe situarse en torno a 20 €/tn de remolacha para poder compensar las inversiones realizadas en los últimos años. Independientemente del año de cierre de la fábrica, el agricultor que renuncie a su cuota debe cobrar la ayuda íntegra correspondiente a la cuota que está renunciando.

Bajo estas premisas nos encontraremos ante una selección natural cuyo objetivo es fijar las herramientas para hacer un cultivo rentable al resto de remolacheros. Esto sólo será posible si conseguimos un precio final de la raíz de entre 36 y 38 €, teniendo en cuenta precio, ayuda acoplada, y los apoyos que tanto el Ministerio de Agricultura, como las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas afectadas tienen la obligación de poner en marcha.

Pero todo lo anterior no será suficiente si las dos empresas azucareras, Azucarera Ebro y ACOR, no llegan a un acuerdo de funcionamiento basado en una racionalización de los recursos, y por qué no decirlo, llegado el caso compartir fábrica para la molienda de remolacha. Estas industrias deben tener claro el número de fábricas que son las adecuadas, la cuota óptima de cada una de ellas para obtener los mejores rendimientos, optimizar las distancias entre el campo y la fábrica, y con independencia de la fórmula final de funcionamiento tendrán que hacer un esfuerzo para mejorar en lo posible el precio (ya ha ocurrido en algún otro país) para organizar de una manera eficiente aspectos como el arranque, el transporte… etc, que al final son aspectos importantes para hacer rentable el cultivo.

No les queda otro remedio que entenderse y trabajar de manera conjunta en el futuro y olvidar que a corto plazo pueden perder algo. Solo así daremos con la clave para ganar ese futuro que tanto afecta a agricultores, trabajadores, transportistas, semillistas y a todos aquellos que vivimos y queremos al medio rural.