Toledo, 1 de diciembre de 2006.- COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha manifestó en la reunión mantenida el 30 de noviembre en la Confederación del Guadiana su voluntad de seguir trabajando para introducir mejoras en el Plan Especial del Alto Guadiana y ponerlo en marcha cuanto antes. Bien ejecutado y con la voluntad política y los presupuestos necesarios, el actual esquema del PEAG puede servir para restaurar la situación de los acuíferos, minimizando las consecuencias socioeconómicas para la zona y permitiendo, al mismo tiempo, dar una solución a la inmensa mayoría de los pozos irregulares y ante todo a los de los agricultores profesionales y las explotaciones sociales.

Los ejes básicos del actual Plan Especial del Alto Guadiana, respecto del regadío, son:

– Fijar los recursos de regadío en un volumen que permita la recuperación de los niveles del acuífero en el plazo al que obliga la Directiva Marco de Aguas, sin alterar de forma grave el tejido socioeconómico de la zona. Dicho volumen podría estar inicialmente en el entorno de los 200 Hm3, muy similar al régimen de extracciones vigente en los últimos años. Se ha barajado también la posibilidad de ir aumentando a medio plazo dicho volumen en función de los resultados que se obtengan del PEAG y de la evolución de la Política Agraria y se complementará la acción con ayudas y medidas agrarias adicionales.

– Un ambicioso Plan de Adquisición de Derechos que se pondría en marcha en los primeros años de aplicación del PEAG con el fin de recuperar derechos de agua y destinar una parte de los mismos a la recuperación de los acuíferos y otra parte a otorgar con criterios sociales, mediante convenio entre la Junta de Comunidades y la Confederación, concesiones a extracciones irregulares. Los datos aportados por la Confederación durante la reunión permiten pensar que se dispondrá de un volumen de recursos de 30 a 40 Hm3 para regularizar la situación de la práctica totalidad de las situaciones irregulares de los agricultores profesionales y de las explotaciones sociales que, además, constituyen el 80-90% de los titulares en situación irregular.

COAG-IR considera que estos ejes permiten seguir trabajando en el Plan si bien la organización ha pedido que se incluya en el mismo una mención a la posibilidad de la realización en un futuro de aportes externos a la Cuenca, por ejemplo, a través del Tajo-Segura, para acelerar el proceso de recuperación de los acuíferos.

COAG-IR ha señalado también en la reunión que es fundamental para la credibilidad del PEAG que tanto el Ministerio de Medioambiente y la Confederación del Guadiana, como la Junta de Comunidades den a los agricultores de la zona y al resto de la sociedad gestos inequívocos de su voluntad política para llevar a cabo el PEAG y esto debe traducirse en la aprobación de enmiendas a la Ley de Presupuestos que doten al PEAG de las partidas financieras necesarias, en la convocatoria de nuevas ofertas de adquisición de derechos y en la firma del convenio entre ambas Administraciones para poner en marchar el mecanismo de reasignación de derechos a favor de los agricultores profesionales y explotaciones sociales.

Por otro lado, COAG-Iniciativa Rural no puede compartir otras propuestas planteadas a lo largo de la reunión que abocarían al cierre sistemático de todos los pozos irregulares y bien a que los agricultores tuvieran que comprar derechos de agua en un mercado con tintes claramente especulativos. Estas propuestas, que han movido a algunas organizaciones a pedir la retirada del PEAG sólo beneficiarían de llevarse a cabo a quienes están pensando en vender sus derechos, no a quien necesita el agua para regar.

COAG-Iniciativa Rural da una extraordinaria importancia a que el PEAG alcance sus objetivos y seguirá trabajando para mejorarlo y ponerlo en marcha porque las alternativas al PEAG son, o bien condenar a la agricultura de la zona al secano por agotamiento del acuífero si se mantiene la situación actual, o bien las sanciones, los cierres de pozo y la persecución a los agricultores si la Administración decide poner en marcha de forma estricta el cumplimiento de la Ley.