Mientras el Ministerio de
Agricultura continúa anunciando la inminente presentación de un proyecto
de Ley de desarrollo sostenible del medio rural, que afirma “permitirá
generar un entramado económico y social dinámico y respetuoso con los recursos
naturales” y un “alto grado de gobernanza” (http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=4950_AT091006),
otras iniciativas confluyen en el área del desarrollo rural.

Así, el Ministerio de Medio
Ambiente ha presentado un proyecto de Carta de las Montañas (http://www.mma.es/secciones/medios_comunicacion/prensa/notas_pre/2006/10/3CARTAESPANOLADELASMONTANAScorregida1006.pdf
), que destina una parte de sus declaraciones de intenciones a la agricultura,
la ganadería y el desarrollo rural.

Por su parte, el Ministerio
de Agricultura ha suscrito un convenio con el Gobierno de Asturias para que este
elabore un plan de desarrollo de las zonas de montaña de España en
cuyo proceso de elaboración se inserta una reunión de Directores Generales de
Desarrollo Rural de todas las Comunidades Autónomas convocada para el 18 de
octubre (http://www.oscos-eo.es/es/noticias.asp
).

En este contexto es
interesante recordar que sigue plenamente vigente la Ley 25/1982 de
Agricultura de Montaña, que recoge los mismos principios que parecen
inspirar el anunciado proyecto del MAPA: enfoque integrado, programación
comarcal, coordinación administrativa y participación social mediante
asociaciones de montaña., etc. Pero la realidad de su aplicación no estuvo a la
altura de las expectativas: basta leer hoy su disposición adicional (plenamente
vigente sobre el papel) que indica que "a partir de la entrada en vigor de la
presente ley y hasta que no se desarrolle el mandato del artículo 130 de la
Constitución no se realizarán reestructuraciones de servicios y equipamientos
que supongan una supresión o disminución de personal o medios (escuelas,
médicos, transportes públicos, etc.)". Es de esperar que no ocurra lo mismo con
las nuevas iniciativas.