Cuando en el año 2001 se publicó el Plan Hidrológico Nacional, los redactores no fueron capaces de proponer las soluciones para la sobreexplotación del Alto Guadiana dentro del mismo y se remitieron a un anunciado Plan Especial para esta zona que aún nadie ha sido capaz de aprobar: ni el último gobierno de Aznar, ni hasta la flecha los responsables actuales del PSOE.

Entre tanto, la situación social y la del acuífero han empeorado. Se ha pasado de la inactividad y el “mirar para otro lado” durante mucho tiempo, a los procesos generalizados de sanciones en un periodo grave de sequía.

No elegir a las personas adecuadas para resolver el problema, la inexistencia de una estrategia previa y conjunta de las administraciones implicadas, la improvisación, la falta de ideas y la falta de concertación real con los agentes sociales durante todo este proceso, han hecho el resto.

Estamos pues ante un problema agravado que urge resolver sin más dilación.

Nadie en su sano juicio dirá que la mejor solución es el caos actual. Continuar como ahora estamos, en un estado de semi-anarquía y casi como proscritos al margen de la ley, daría fin con el acuífero y eso es malo para todos y, sobre todo, para los agricultores que vivimos de esto.

Por eso se equivocan quienes nos acusan a los agricultores de que no queremos que se cumplan las leyes… pero la actuación de las leyes no puede hacerse de espaldas a la realidad…, la ejecución de la Ley en el Acuífero 23 no puede hacer como si no existieran implicaciones de ningún tipo.

También en este caso, debemos contar con unas normas que permitan resolver todos los problemas que se dan en la Cuenca Alta del Guadiana, los ambientales, los sociales, los económicos, los jurídicos… y está claro que la legislación vigente es incapaz de hacerlo y que debe reformarse. Con una ley que permita un cierto margen de maniobra en el Plan Especial del Alto Guadiana, con voluntad política, con posicionamientos razonables por parte de todos y con recursos suficientes de dinero o de agua para llevar a cabo todo el proceso sin más traumas de los inevitables, se podrá y quizás en menos tiempo de los que muchos piensan, poner en marcha un modelo sostenible y controlado de aprovechamiento de los recursos del Acuífero 23 que permita su recuperación y su permanencia en buen estado.

De todas formas, y aunque las cosas se han hecho fatal hasta ahora, si hubiera que sacar algo positivo de todo lo ocurrido, sería el que ahora se conoce mucho mejor la realidad del acuífero, el destino por cultivos de las aguas que se detraen y hasta empezamos a tener una aproximación mayor al número de regantes que no tienen concesión. Eso ha sido posible como consecuencia de las 6.200 inspecciones de campo que se han producido y que pese a no abarcar la totalidad del Acuífero, si han llegado hasta una gran parte… Si al anterior Comisario no le hubiera dado por desenfundar tan rápido y liarse a disparar multas y se hubiera limitado a estudiar el terreno, es muy probable que la campaña hubiera llegado a todo el Acuífero, que supiéramos exactamente quién, cuánto y para qué se saca el agua y que estuviéramos mucho más cerca de la solución al problema.

¿Quien saca el agua sin permiso?

Lo que resulta más llamativo de este asunto es que una buena parte del agua extraída de forma irregular es sacada por muy pocos usuarios (alguno saca más de 1 Hm3 él sólito). De hecho, con el agua de más que sacan los 5 mayores infractores del régimen de explotación, habría para regar unas 7.000 hectáreas de viña. Aunque la inspección haya sido incompleta, la verdad es que estos datos dan mucho que pensar.

En resumidas cuentas, que hay miles de regantes, más de diez mil, con sus concesiones en orden y hay otros pocos miles (no tantos como algunos dicen) de pozos sin concesión. Pero con tantos miles de regantes que hay, al final resulta que el 80 % del agua que se saca del acuífero sin autorización la aprovechan unas 200 personas. Estamos pues hablando de un problema de falta de recursos si, pero también y sobre todo de una pésima distribución de algo que, no olvidemos, se trata también de un bien público.

Modificando la Ley, poniendo en marcha una reasignación de derechos con criterios sociales y con una cantidad razonable de recursos en agua o en dinero, daríamos un gran paso hacia la resolución global de los problemas del acuífero… lo que pasa es que, hay que tener dinero y/o sentar la mano a 200 grandes propietarios y/o decirles a los murcianos que se van a tener que apañar con 60 Hm3 (por decir una cifra) menos del Trasvase (de los más de 500 Hm3 al año que se han estado llevando de media), y eso solo para los regadíos del Alto guadiana, después habría que seguir hablando de lo demás.

Modificar la Ley de Aguas

Lo que está bastante claro es que la Ley de Aguas hay que modificarla. En este momento, ni la vigente legislación, ni el estudio de modificación elaborado por el Grupo de expertos designado por el Ministerio de Medio Ambiente, permitirían llevar a cabo un Plan Especial del Alto Guadiana que implicase otorgar nuevas concesiones a determinadas captaciones (ni tan siquiera de una forma selectiva) o que incluyera un posible aporte externo de otras cuencas. Por ese motivo, COAG-Iniciativa Rural ha presentado al Ministerio varias propuestas para que la Ley de Aguas no sea en el futuro un obstáculo al Plan Especial del Alto Guadiana.

Otra oportunidad

En los comienzos del año se ha producido el cese del anterior Presidente y Comisario de Aguas y el nombramiento de Enrique Calleja Hurtado como Presidente de la Confederación. Esperemos que respecto al Plan Especial no haga como algunos de sus predecesores: abrir desde el principio un período de consultas; recabar más datos; encargar uno o varios estudios, unas cuantas maniobras dilatorias y finalmente… no hacer nada, mientras el caos continúa y el acuífero va agonizando lentamente.

Creemos (queremos creer) que el nuevo Presidente de la Confederación no caerá en los mismos errores que sus antecesores; sino que se pondrá a trabajar para empezar a poner soluciones sobre la mesa. Pero a estas alturas no nos queda más remedio que ser un tanto escépticos, porque no es una cuestión sólo de personas (que como se ha demostrado, también), sino porque también hay que disponer del margen político y de los medios para hacerlo… Esperemos que se los proporcionen y pronto; porque algunos políticos y funcionarios parecen tener dificultades reales para comprender que el mundo sigue en movimiento aun cuando ellos se paren y que llega la primavera y los períodos de riego y eso ocurre aunque, por ejemplo, no se haya publicado el régimen de explotación anual, en su momento o incluso aunque este sea radicalmente injusto y agronómicamente discutible.

Es necesario recordar además, y sin ánimo de ser agorero, que en las hectáreas retiradas del riego por el Plan de Ayudas al Ahorro del Agua (y que son en la actualidad unas veinte mil) se volverán a poner los motores en marcha en los próximos años y que si no se toman medidas con urgencia, este hecho, puede suponer el dar la puntilla al acuífero.

Hay que hacer las cosas deprisa y, además, hacerlas bien. Hoy por hoy, tras el parón catalán y aragonés al trasvase del Ebro y con la lección del Estatut bien aprendida, no parece fácil que la sociedad de Castilla-La Mancha admita que la solución para el Alto Guadiana consista simplemente en seguir mandando al Levante el agua, y con ella el empleo y la riqueza, a través del trasvase y que aquí nos apañen con algo de dinero público para comprarle los derechos de riego a 200 grandes propietarios, dejando las Tablas de Daimiel secas y a los miles de pequeños y medianos agricultores con muy poco agua, muchas multas y condenados a acudir, para seguir viviendo, a un mercado especulativo de derechos de agua.

Las Propuestas de COAG-IR.

Nuestra organización le ha dado muchas vueltas al problema (a los problemas, mejor dicho) de la Cuenca Alta del Guadiana y creemos que no existen una solución fácil. Ni se pueden cerrar todos los pozos (ni sería justo), ni hay agua para legalizarlos todos (ni sería justo). Ni se va a cortar el Trasvase de golpe y van a empezar a venir aquí los 500 Hm3 anuales que se están yendo a Murcia; ni tampoco se pueden seguir aprobando por los siglos de los siglos trasvases para que el Levante potencie sus regadíos; mientras se le niega recursos al Alto Guadiana y se condena a nuestra agricultura al secano. Hay que buscar soluciones de compromiso que permitan dejar razonablemente satisfechos a la mayor parte de los afectados. Las propuestas que COAG-IR ha hecho públicas intentan ir en esa dirección: recursos en forma de inversión pública y/o agua para sanear el déficit hídrico del Alto Guadiana (o sea, lo mismo que se está haciendo en otros sitios), para poder volver a ver correr los Ojos del Guadiana y solventar la situación de los agricultores profesionales de la zona que hoy por hoy están acosados por las multas y la escasez de agua. Nos daríamos por satisfechos con que estas propuestas tuvieran la extraña virtud de arreglar el problema de la mayoría, aunque no contenten a todos.