Toledo, 27 de enero de 2006.- Ante la secuencia de noticias al respecto del “caos” existente en el regadío de la Cuenca Alta del Guadiana, con cifras que se lanzan a los medios como “más de 40.000 pozos ilegales” y debido a la falta de rigor con que se trata en ocasiones la problemática situación de esta zona y particular-mente del Acuífero 23, COAG-IR denuncia que esta campaña de desprestigio sobre los regadíos del Alto Guadiana sólo contribuye a dar argumentos a quien defienda que no se hagan inversiones publicas en esta área regable y a que se mantengan los trasvases masivos de agua al Levante a los que hemos asistido en cam-pañas pasadas.

A COAG-IR le sorprende la candidez con la que se están entrando a este discurso desmedido y demagógico algunas personas en Castilla la Mancha que, queremos creer que involuntariamente, están ayudando, al cen-trar el punto de mira sobre los regantes castellano-manchegos, a desviar la atención sobre los regadíos ilega-les y el uso especulativo que del agua se hace en otras regiones y en otras cuencas como la del Segura.

Según los datos que maneja COAG-IR el número de pozos sin concesión sobre el Acuífero 23 estaría en tor-no a unos 3.500 a 4.000, cifra que no llega ni al 10 % de los 44.000 que se han citado en algunos medios. Además, la inmensa mayoría de ellos han sido voluntariamente declarados por los propios agricultores hace años y corresponden a pequeñas extracciones con una influencia limitada en la sobreexplotación del Acuífe-ro. En realidad, el 80 % del agua extraída ilegalmente corresponde sólo a unas 200 grandes captaciones. Este hecho debería facilitar encontrar soluciones si desde el Gobierno y las autoridades hidráulicas se apuesta por quien vive de la agricultura en explotaciones familiares y no por los puros y duros especuladores del agua.

El problema del Alto Guadiana no es distinto al de otras zonas, ni necesita soluciones muy diferentes a las aplicadas en otras cuencas para resolverlos y, aún siendo muy complejo, porque afecta a distintosintereses económicos, sociales y medioambientales, ni mucho menos es un problema irresoluble si se aporta mucha voluntad política, ciertos recursos públicos y algo de sentido común por parte de todos.

COAG-Iniciativa Rural considera que la administración hidráulica debe ser capaz con el consenso de los agentes sociales y el gobierno regional, de:

– Resolver en el medio plazo el problema hídrico de sobreexplotación en su vertiente medioambiental, sentando las bases para la mejora y preservación futura del acuífero, los humedales y la calidad de las aguas.

– Afrontar y resolver un problema social sin paralizar la actividad económica de la zona.

En opinión de COAG-IR, existen además dos condiciones más:

– Hacerlo con todas las garantías jurídicas, para lo que ya existe un mandato en la Ley del Plan Hidro-lógico Nacional y una prevista modificación de la Ley de Aguas, ahora en estudio.

– Y hacerlo en breve. Hay que sentar con urgencia las bases del plan y fijar los medios, los plazos y los presuestos; porque los incumplimientos de los plazos y promesas de la Administración han generado una pérdida de credibilidad en la propia Administración y una creciente tensión social.