La Comisión Europea ha puesto en marcha una investigación detallada para determinar si una serie de ayudas concedidas por la Generalidad de Cataluña a Chupa Chups S.A., productor español de pirulís y otras golosinas, incluido un préstamo de 35 millones de euros, son compatibles con las normas sobre ayudas estatales del Tratado CE. La Comisión duda de que el Gobierno catalán haya actuado como lo habría hecho un inversor en una economía de mercado; el préstamo, por tanto, podría ser constitutivo de ayuda y falsear la competencia entre Estados miembros. La incoación del procedimiento de investigación formal se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea para permitir a los interesados formular sus observaciones. El inicio de la investigación no prejuzga la decisión definitiva de la Comisión.

Neelie Kroes, comisaria responsable de la competencia, ha asegurado: «Existen normas que permiten a los gobiernos ayudar a las empresas con dificultades. Estas normas garantizan que las ayudas beneficien efectivamente a las empresas en cuestión y que el dinero de los contribuyentes se utilice correctamente. He iniciado la investigación para determinar los hechos, porque tengo algunas dudas en cuanto al cumplimiento de las normas en este caso.»

Chupa Chups S.A. es la sociedad holding de un grupo industrial familiar establecido en España en 1940 y con una presencia destacada en otros países. La actividad principal del grupo es la producción y comercialización de golosinas, en particular pirulís (70 % de las ventas), de los que Chupa Chups es el principal proveedor mundial. Actualmente, el grupo tiene cuatro centros de producción, situados en Rusia, México, Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) y Villamayor (Asturias).
En los últimos años el grupo ha padecido dificultades financieras. Un plan de reestructuración lanzado en 2002 supuso el cierre de las plantas de producción de Brasil, Francia y China, así como la venta de algunas marcas secundarias. También se llevó a cabo un profundo ajuste financiero.
El 5 de septiembre de 2003, en el contexto de esta reestructuración, el Instituto Catalán de Finanzas («ICF» – agencia financiera de la Generalidad de Cataluña) concedió a la empresa un préstamo de 35 millones de euros. Este préstamo dio lugar a la presentación de una denuncia a la Comisión por supuesta ayuda estatal. A raíz de las pesquisas de la Comisión, las autoridades españolas facilitaron información que reveló más medidas en favor de Chupa Chups