Toledo, 13 de enero de 2006.- Ante el relevo en la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, COAG-Iniciativa Rural pide al nuevo titular, Enrique Calleja, que acelere los trabajos para que el Plan Especial pue-da ponerse en marcha con carácter de urgencia. La organización recuerda que dicho Plan debería estar preparado desde mediados del año 2002, según establecía la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Hasta ahora las autoridades hidráulicas han incumplido todos los plazos y les ha faltado o capacidad o voluntad política o ambas cosas para poner sobre la mesa el Plan Especial del Alto Guadiana y haberlo dotado presupuestariamente. Con éste Plan se debe ase-gurar la restauración hidrológica y ambiental del Acuífero 23 y tendría, además, que haber resuelto hace tiempo la situación de miles de agricultores que en la actualidad están siendo denunciados.

COAG-Iniciativa Rural espera, además, que el nuevo Presidente de la Confederación haga efectiva la moratoria com-prometida por la Administración para la paralización de todos los expedientes sancionadores sin resolución firme hasta que el Plan Especial del Alto Guadiana establezca los criterios de regularización de las extracciones y los potenciales beneficiarios del anunciado Fondo Social de Derechos de Agua. La organización considera que sería una torpeza polí-tica injustificable el abocar a la ruina o al abandono de la actividad a cientos de agricultores profesionales para los que, posteriormente y en el marco del Plan, podrían hallarse soluciones razonables.

COAG-Iniciativa Rural subraya además que dichas soluciones son factibles si se tiene en cuenta que, según las infor-maciones que maneja esta organización, apenas 250 titulares consumen el 80 % del agua que se extrae sin concesión. En buena lógica, sobre éstos se debería haber actuado en primer lugar, permitiendo así, en el ámbito del Plan Especial, una mayor flexibilidad sobre los miles de agricultores restantes.

Esta organización considera que el Plan Especial del Alto Guadiana debe sentar las bases para alcanzar la restauración ecológica del acuífero; contribuir al desarrollo del tejido socioeconómico de ese área y garantizar que en el futuro se pueda mantener también, en términos de rentabilidad y sostenibilidad, la agricultura de regadío de la zona. Para ello, el Plan de contemplar los siguientes puntos:

– Paralización de los expedientes sancionadores hasta que no esté configurado el marco de regularización de ex-tracciones del Plan Especial.

– Fijación de las condiciones en las que se pueden autorizar aportes a la cuenca de recursos externos procedentes del Acueducto Tajo-Segura.

– Puesta en marcha de un ambicioso plan público de adquisición y rescate de derechos de agua.

– Destino de una parte de esos derechos a la restauración hidrológica y ecológica del acuífero.

– Constitución de un Fondo Social de Derechos que permita llevar a cabo una regularización de las extracciones a favor de los agricultores profesionales.

– Ordenación de las extracciones mediante la instalación generalizada de aparatos de medida de los caudales y su control.

COAG-IR considera en cualquier caso que los problemas que afectan al acuífero 23 son varios y todos complicados (ecológicos, económicos, sociales, jurídicos); pero que existen soluciones si las partes implicadas no nos obcecamos en encontrar salida únicamente para la cuestión que nos afecta de forma directa y si hay en el Gobierno verdadera volun-tad política de llevarlas a cabo, pagando la deuda que el Estado tiene asumida con esta Comunidad Autónoma que, durante tantos años, ha sido solidaria y ha cedido sus recursos para permitir el desarrollo y la prosperidad de otras regiones.