Palencia, 28 de noviembre de 2005.- Transcurridos ya 55 días desde que se iniciara la apertura de la primera fábrica de la Zona Norte, ACOR-Olmedo el pasado 4 de octubre, en estos momentos todas las comarcas remolacheras de la región disponen de sus respectivas fábricas abiertas.

Según estimaciones de COAG COORDINADORA AGRARIA, en comparación, la remolacha recogida a fecha de ayer en la Zona Norte , unas 1.515.000 toneladas, presenta una diferencia de 3,6 décimas de grado más de riqueza (17,54º frente a los 17,18º de 2.004) y un descuento superior en comparación con la campaña pasada por estas mismas fechas ( 11,52% frente a 10,59%).
Los precios para la remolacha que contempla la nueva OCM acordada el pasado jueves sólo garantizarán que se mantenga la producción de remolacha durante los primeros años de transición; el abandono inmediato del 50 % de la producción en Castilla y León, puede suponer la pérdida de un volumen de 140 millones de euros anuales en valor de remolacha y de 185 millones en valor de azúcar. Con este impacto, la negociación del Ministerio de Agricultura se puede calificar de fracaso.
Nuestra organización considera que la reestructuración industrial y del cultivo no puede quedar exclusivamente en manos de las empresas azucareras, y debe tenerse en cuenta al sector productor, lo que exige la implicación directa de la administración regional para garantizar los derechos de los cultivadores.

COAG COORDINADORA AGRARIA ha solicitado que se constituya, en el seno del Consejo Regional Agrario, una Comisión Sectorial Periódica, con la participación de las OPAs, para abordar la reestructuración que se avecina, los cultivos alternativos para el mantenimiento de las explotaciones y las ayudas regionales al cultivo.

La Consejería de Agricultura debe implicarse al máximo nivel presupuestario para establecer líneas específicas regionales de apoyo al cultivo de la remolacha, totalmente vinculadas a la producción y destinadas a los cultivadores profesionales a título principal, que les permita mantener un nivel aceptable de ingresos y rentas con el fin de preservar la máxima actividad productiva y el máximo número de explotaciones remolacheras en Castilla y León.