Granada, 25 de octubre de 2005.- Los funcionarios de la Delegación Provincial de Agricultura están procediendo a comunicar telefónicamente a los interesados las incidencias que presentan sus expedientes de solicitud de Ayudas al Olivar por daños causados por las heladas (falta de algunos documentos exigidos, de datos, etc.), contraviniendo así el procedimiento administrativo regulado en la Ley 30/1982 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que todo procedimiento administrativo deberá ser realizado por escrito y con la debida constancia. Ese hecho está causando, además, graves inconvenientes a los agricultores afectados por las heladas que, en muchos casos, no entienden qué documentos se les solicita con tanto apremio, y se ven indefensos ante esta situación y con temor de perder las pocas ayudas que pueden recibir: créditos de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y reposición de plantones, fundamentalmente.

Por otra parte, la Delegación Provincial está bloqueando muchos expedientes por incidencias injustificadas que retrasan y complican el procedimiento burocrático ya de por sí lento y caótico que lleva a cabo. A este paso las ayudas por heladas no llegarán desde luego a los agricultores para finales de año, tal y como se ha prometido. El reciente acuerdo del MAPA sobre la cantidad que se transfiere a las Comunidades Autónomas por este concepto no da garantía de ello.

Solicitud de rectificación

Manuel del Pino López, en representación de ASAJA GRANADA (Asociación de Jóvenes Agricultores de la Provincia de Granada) ha enviado un escrito al Delegado Provincial en Granada de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Rafael Gómez Sánchez, y a las Oficinas Comarcales Agrarias de Iznalloz, Baza y Santa Fe, con fecha de 7 de octubre, para solicitar que la Delegación “proceda conforme al procedimiento administrativo legalmente aprobado prescindiendo de cualquier tipo de actuación no regulado”. En el escrito también se indica que la actuación de la Delegación denunciada puede constituir un “ilícito penal regulado en los artículos 404 y siguientes del vigente Código Penal, así como un quebrantamiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, ya que algunos funcionarios están facilitando datos a terceros”. Hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna y la Delegación continúa con el irregular procedimiento.