El Presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), Félix Lobo, ha anunciado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, que los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad y Consumo están estudiando las vías para reclamar a la empresa SADA los gastos sanitarios ocasionados a las Comunidades Autónomas por la atención a las personas afectadas por la salmonelosis provocada por el consumo de pollos precocinados de esta empresa. El Ministerio está realizando en estos momentos una evaluación del coste económico que ha supuesto este episodio para emprender las acciones que sean oportunas. En esta evaluación, se contabilizará no sólo el coste ocasionado por las hospitalizaciones sino también los derivados de las visitas de atención primaria o del consumo de medicamentos.

En su comparecencia de esta mañana, Félix Lobo ha expuesto todos los datos relativos a la salmonelosis provocada por el consumo de pollos SADA y también se ha referido a las líneas estratégicas de actuación que seguirá la Agencia en los próximos meses. En sus palabras, ha querido incidir en la necesidad de que se “concite el máximo consenso de todos los grupos parlamentarios en esta materia, para conseguir cotas más altas de salud para los ciudadanos”. Como ha explicado, el objetivo fundamental en seguridad alimentaria debe ser, como ha sido hasta el momento, “conseguir que los ciudadanos confíen en los productos que consumen”.

SALMONELOSIS POR LOS POLLOS SADA

El Presidente de la AESA ha comenzado su intervención recordando que la salmonelosis es una enfermedad que cada año afecta a miles de españoles, principalmente en la época estival, y está asociada al consumo de productos infectados por salmonella. En los últimos diez años -ha recordado- el mayor número de casos se registró en 1999 con un total de 9.013 afectados. La mortalidad más elevada por esta enfermedad se produjo en el año 2003, con un total de 14 defunciones.

La novedad del caso registrado este verano ha sido la extensión geográfica de los afectados, ya que se trataba de un producto de distribución masiva. En total, según los datos remitidos a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, han sido 2.883 personas las afectadas en todas las Comunidades Autónomas, salvo Canarias y la Ciudad Autónoma de Melilla. Las regiones con mayor número de casos han sido, por este orden, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña.

Responsabilidad de la empresa.- El Presidente de la AESA ha recordado que la empresa SADA incurrió en “una falta muy grave”. La contaminación se produjo durante el proceso de producción en la propia fábrica de SADA en Lominchar (Toledo). El Grupo SADA modificó estructuras de la línea de producción y no avisó de dichos cambios a los servicios oficiales de Salud Pública de Castilla-La Mancha, como es pertinente en esos casos.

En concreto, SADA cometió varias irregularidades: el jugo procedente del asado de los pollos se contaminó con salmonella tras almacenarlo a temperatura ambiente y fallar el ulterior tratamiento térmico. Posteriormente, ese jugo se dosificó a través de un tubo de acero inoxidable que había sido modificado sin comunicarlo a los servicios de inspección y en el que había quedado una pequeña prolongación ciega, donde se mantuvo el foco de contaminación. Así, cada vez que se dosificaba el jugo a los pollos después de haber sido asados, estos se contaminaban con salmonella.

Gestión de la alerta.- Desde el primer momento, el Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas trabajaron de forma coordinada para adoptar con carácter inmediato todas las medidas necesarias para retirar las unidades que había en el mercado, detectar el origen del brote, informar a los ciudadanos y a los medios de comunicación, y atender con la mayor celeridad a los afectados.
El jueves 28 de julio, a las 11:39 horas, la Comunidad Valenciana comunicó por correo electrónico a la AESA un posible brote de salmonelosis con 25 afectados. Tras una valoración telefónica entre Valencia y la AESA, y una vez identificado el origen del brote, la Agencia traslada (12:01 horas) la alerta por correo electrónico a la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, lugar donde se ubicaba la empresa, solicitando la identificación de la causa y de los productos (presentaciones, lotes, formatos, vida útil, etc.), su distribución y comercialización, entre otras medidas.

A las 12:45 horas el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) informa por correo electrónico a la AESA de un comunicado del Servicio de Epidemiología de la Comunidad Valenciana sobre la detección de brotes familiares de toxiinfección alimentaria relacionados con el consumo de estos pollos. Se decide entonces que la fábrica bloquee la producción y distribución e inicie la recogida de los ya distribuidos en grandes cadenas de distribución.

A las 16:11 horas se lanza una notificación general de alerta por e-mail y por fax a los puntos de contacto del SCIRI (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información) de las restantes autonomías.
Durante el viernes 29 se coordinó la retirada de los productos afectados, no sólo de las grandes cadenas, sino del resto de los establecimientos. De las 191.691 unidades que había en el mercado, se retiraron un total de 183.000. El resto o bien habían sido ya consumidas con anterioridad a la alerta o bien fueron desechadas por los propios consumidores sin devolverlas.

La rapidez con la que se actuó permitió que el número de afectados no fuera aún mayor, evitando una situación que podría haber tenido consecuencias mucho más graves para la salud pública, teniendo en cuenta el número tan elevado de unidades que había a disposición de los consumidores en todo el territorio nacional.
De hecho, tal como muestran los datos suministrados por las CC.AA. a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, aproximadamente el 80% de las personas afectadas consumieron el pollo con anterioridad al 28 de julio, fecha en la que la primera Comunidad Autónoma (Valencia) remitió la notificación al Ministerio y se pudo activar de forma inmediata la Red de Alerta Alimentaria en toda España. Los datos confirman, por tanto, que la red funcionó correctamente, lo que permitió controlar el brote desde ese momento e impedir que se produjera un número mayor de afectados.

Félix Lobo ha ofrecido también algunos datos complementarios sobre el consumo de estos productos. La primera compra registrada se produjo el 8 de julio y los primeros casos de inicio de síntomas se produjeron cinco días después (13 de julio). Los últimos casos de inicio de síntomas se dieron el 6 de agosto. Por otra parte, la salmonelosis ha tenido una extensión prioritariamente nacional. Del número total de afectados, tan sólo hay notificación de tres turistas franceses que han sufrido esta enfermedad y de dos turistas ingleses, aunque estos últimos no están confirmados.

Tipo de cepa.- Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento, y tras el análisis de las muestras remitidas, el Laboratorio Nacional de Referencia de Salmonella notificó a las Comunidades Autónomas que la cepa de origen pertenecía a la clase Salmonella entérica, subespecie entérica, serotipo Hadar.
Esta cepa, asociada al pollo, es la tercera más frecuente en nuestro país y, además, es de las que presenta síntomas más leves, como se ha demostrado en este caso, en el que requirieron hospitalización 302 personas del total de afectados. Un hombre de 90 años falleció el día 29 de julio en la Comunidad Valenciana. La gran mayoría de los afectados cursaron síntomas leves, que remitieron al cabo de tres o cuatro días sin necesidad de hospitalización.

Medidas complementarias.- Para terminar su intervención, el Presidente de la AESA se ha referido a las medidas que el Ministerio de Sanidad va a impulsar para minimizar en el futuro este tipo de situaciones.
Una de ellas se refiere a la obligación de que las empresas alimentarias responsables de una intoxicación tengan que pagar, a partir del próximo mes de enero, todos los gastos publicitarios y de comunicación generados para informar a los ciudadanos en casos de alertas alimentarias, en virtud del Reglamento Comunitario 882/2003/CE.

Además, se están estudiando otras vías para llegar a grupos de población que podrían quedar fuera del alcance de los medios de comunicación convencionales, como turistas o inmigrantes.
Asimismo, se reducirán los tiempos de comunicación de las posibles situaciones de riesgo para activar la Red en toda España. En este sentido, se va a incluir la salmonelosis en la lista de enfermedades de declaración obligatoria y la consideración de todo brote como de declaración urgente al Ministerio y a la AESA, afecte o no a más de una Comunidad. Ello permitirá una reacción más rápida ante intoxicaciones de carácter generalizado como la provocada por el pollo precocinado SADA.

Por otra parte, y para reforzar las actuaciones, se va a estrechar la colaboración entre todos los organismos relacionados con la gestión de la seguridad alimentaria (CC.AA., Ayuntamientos, grandes cadenas de distribución y representantes sectoriales), mediante la elaboración de un protocolo complementario al vigente de gestión de alertas. Este protocolo establecerá medidas adicionales para estandarizar las actuaciones de información a la población, a fin de garantizar la difusión inmediata y exhaustiva de cualquier dato relevante en el ámbito de la seguridad alimentaria. Además, este protocolo propiciará actuaciones concretas por parte de las corporaciones locales, que tienen un acceso mucho más inmediato a los ciudadanos y un mayor control sobre la venta ambulante o mercadillos, para que también las unidades comercializadas en este ámbito puedan ser retiradas del mercado con celeridad.

Del mismo modo, el Ministerio va a proponer la incorporación de las cadenas de distribución, y no sólo de las de producción, como puntos de contacto del sistema coordinado de intercambio rápido de información (Red de Alerta Alimentaria), para incrementar de esta forma los cauces de información acerca de posibles riesgos para la salud.