Toledo, 8 de abril de 2005. La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha solicitado al Gobierno central una modificación urgente de la norma que permite la regularización de extranjeros en el sector agrario, después de valorar el informe elaborado por la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha que da la razón a esta Organización Agraria al reconocer las dificultades del empresario agrario para cumplir la exigencia de que el contrato de trabajo firmado entre empresario y trabajador, tenga una duración mínima de tres meses.

ASAJA de Castilla-La Mancha ha manifestado su satisfacción por que esta institución, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, haya reconocido que la corta duración de las campañas agrícolas en Castilla-La Mancha dificulta el cumplimiento del requisito de la ocupación mínima de tres meses exigida en el sector agrario y, por tanto, impide a numerosos trabajadores regularizar su situación.

El informe determina que en Castilla-La Mancha concurren circunstancias de identidad propia, tales como el predominio de minifundios, la atomización de las explotaciones agrarias y estructuras pequeñas, que requieren una interpretación administrativa del reglamento de extranjería y de la orden que lo desarrolla, que resulte útil y eficaz para dar protección a sus destinatarios.

En este sentido, la defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, en línea a la propuesta defendida por esta Organización Agraria, aboga por que esa interpretación administrativa del requisito de los tres meses de trabajo, contemple la posibilidad de que puedan ser uno o varios empleadores, los que suscriban uno o varios contratos de trabajo que en cómputo global alcancen los tres meses.

ASAJA de Castilla-La Mancha pide al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales que valore las consideraciones de la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha porque las características agrarias de esta región generan una demanda de mano de obra esencialmente temporera que ocupa a más de 66.00 trabajadores extranjeros y, según anticipa el informe, si el proceso de normalización de los trabajadores irregulares en nuestra comunidad no alcanzara sus objetivos, se perpetuarán las bolsas de irregulares y con ello la economía sumergida.