COAG Castilla y León (UCCL – COAG) ha remitido una carta al Director General de Política Agraria Comunitaria, Pedro Medina, con alegaciones al borrador de la orden regional que va a regular el SIGPAC (Servicio de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas).

En primer lugar, desde esta Organización se ha demandado a la Administración Regional que publique cuanto antes la citada normativa para agilizar todo el proceso y que a la vez remita a los agricultores los datos con los que cuenta sobre sus explotaciones, tanto en este nuevo sistema como a través de la Solicitud Única que presentaron en el año 2004, para que estos puedan presentar las alegaciones que considere oportunas para tratar de solucionar las lógicas irregularidades y desacuerdos que se van a producir con la puesta en marcha del nuevo sistema de control que va a sustituir al catastro.

COAG Castilla y León (UCCL – COAG) considera fundamental que desde el mismo momento en que se publique la orden en el BOCyL y los profesionales conozcan los datos de sus explotaciones se abra el plazo para que estos puedan presentar las correspondientes alegaciones en caso de no corresponder estos con los que ellos cuentan a través del catastro.

Junto a esto es básico y parece lógico que las resoluciones de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria llegue a los agricultores antes de que finalice el plazo fijado para que se modifique la solicitud única de la PAC con el objeto de que estos no sufran penalizaciones por no corresponderse lo demandado con la información con la que cuenta la Administración Regional a través del SIGPAC.

Dentro de las alegaciones que ha remitido COAG Castilla y León (UCCL – COAG) hay que señalar que se ha pedido que se contemple la posibilidad de que se siga utilizando el catastro en aquellos términos municipales donde el nivel de modificaciones planteado sea considerable. Además, se ha pedido que se elimine el documento que deben firmar todos los vecinos para llevar a cabo las correspondientes modificaciones por entender que resulta muy complicado reunir a todos los propietario para rubricar el citado documento. Por último, COAG Castilla y León (UCCL – COAG) considera que la Administración Regional debe retirar la necesidad del informe técnico que se exige para poder realizar estos cambios, por estimar que sólo va a contribuir a incrementar los gastos del agricultor y que debe ser la propia Consejería la encargada de realizar la medición correspondiente en el caso de que no se correspondan los datos del SIGPAC y los del catastro.

Valladolid, jueves 16 de diciembre de 2004