Los representantes de la Plataforma Un Futuro para el Olivar tradicional han remitido al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, una misiva donde se le pide que ejerza la presión política necesaria en defensa del olivar de Castilla-La Mancha.

La Plataforma señala a Barreda que continúan exigiendo una ayuda mínima de 300 €/Ha.,para garantizar la viabilidad del olivar tradicional mientras que la ministra Espinosa tiene como prioridad garantizar y perpetuar los cerca de 3.000 €/Ha., que cobran algunos olivares intensivos de Andalucía. Con la propuesta del Ministerio “se nos presenta un cálculo de 268,7 €/ha equivalentes que, según los datos suministrados, se cobrarían en Castilla-La Mancha”, se informa en la carta. “Pero lo cierto es –continúa -que dicha cifra resulta de una notable reducción de la superficie oleícola en 65.000 Has. El hecho de que dicha superficie oleícola se reduzca para estos cálculos no significa que el agricultor vaya a cobrar sensiblemente más, pues percibirá su media histórica rebajada en un 5%, y el numero de hectáreas por las que podrá cobrar complemento se reducirán por los ajustes efectuados. Además ese complemento siempre será 1,5 veces inferior que en Andalucía (por no tener en Castilla la Mancha apenas municipios con más del 80% de superficie de olivar)”, con lo que los olivares andaluces mas intensivos y rentables por si mismos ubicados en esos municipios, recibirán mas apoyo si cabe que antes, agrandando las diferencias sobre el olivar tradicional, situándolo en una posición mucho mas competitiva en el mercado del aceite.

Por todo ello, la Plataforma pide que las acciones políticas de Barreda se deriven en la consecución de un cambio en las directrices marcadas por el MAPA, directrices que incumplen el espíritu de la normativa comunitaria que inspiraban esta reforma, en la que además el pago acoplado por hectárea medio (ese que desde la UE se estableció para compensar el olivar tradicional) será más alto en Andalucía al que se recibirá de media en Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Madrid, Murcia, o la comunidad Valenciana.

Toledo, 9 de diciembre de 2004