29-10-04. COAG Almería considera que se está dado un paso importante, y largamente demandado por el sector, con la puesta al día de la actual Ley de Semillas, fechada en 1971 y que se ha quedado totalmente obsoleta al no responder a las características y necesidades de la agricultura de hoy en día.

Sin embargo, el anteproyecto presentado por el Ministerio de Agricultura deja aún algunas incógnitas sin resolver, como es el caso de las indemnizaciones que recibirán los agricultores en los casos en que se demuestre que el fracaso de una cosecha se ha debido a un defecto en las semillas. Además, deberían especificarse las responsabilidades, distinguiendo entre todos los integrantes de lo que se define como “proveedores”, ya que este concepto es demasiado abstracto y abarca a varios agentes e individuos.

Ésta es una de las principales alegaciones que COAG Almería ha presentado al anteproyecto de Ley, pese al escaso margen (solamente 15 días) que ha establecido el Ministerio. A lo largo del articulado, además, el término “proveedores” se usa a discreción, cuando en la mayoría de los casos habría que puntualizar a quién se refiere, ya que esta generalización podría inducir a malas interpretaciones.

COAG ha presentado además distintas alegaciones en el resto de Comunidades Autónomas. En este sentido, se ha hecho hincapié en un asunto que puede ser importante también para una parte de los productores almerienses, como es el caso de no limitar la producción y comercialización de semillas por los propios agricultores. “En Almería, es bastante común, por ejemplo, que los productores de judía trabajen con variedades locales. ¿Por qué no iban a poder venderlas ellos mismos?”, comenta el secretario de COAG Almería, Andrés Góngora.

En definitiva, el tema de las semillas es muy importante para el futuro de la horticultura almeriense, un sector que necesita urgentemente una Ley que acote y delimite las responsabilidades de los comercializadores de semillas en el proceso productivo. Por esta razón, desde COAG Almería se ha pedido una ampliación del plazo de presentación de alegaciones al anteproyecto de Ley, al objeto de poder estudiar con más detenimiento las posibilidades del texto.