La Comisión Europea ha decidido llevar a Francia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo porque su legislación sobre los servicios de inseminación artificial para vacuno interfiere con dos principios básicos del Tratado de la UE: la libertad de establecimiento y la libertad de proporcionar servicios.
La ley francesa establece que los centros que almacenan, distribuyen y usan semen bovino tienen que tener una autorización especial. Esta autorización específica áreas geográficas exclusivas en las cuales, solo los centros aprobados pueden tener actividad. De esta forma, los distribuidores y usuarios de semen bovino, legalmente establecidos en otros Estados miembro, no se pueden establecer en Francia de forma permanente ni proporcionar servicios de forma ocasional.
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