Toledo. 5 de octubre de 2004.- El secretario regional de COAG-IR en Castilla-La Mancha, Antonio Castellanos, ha puesto de manifiesto el compromiso de agricultores y ganaderos por mejorar y renovar el respecto con el medio ambiente, aunque ha mostrado su preocupación por que las medidas impuestas por la Unión Europea no estén lo suficientemente estudiadas y redunden en una merma de la actividad agraria. En este sentido, Castellanos también ha solicitado que al resto de actividades económicas e incluso a las Administraciones se les exija el mismo nivel compromiso que existe para el sector agrario en relación con el medio ambiente.

El borrador del Real Decreto elaborado por el Ministerio de Agricultura, que próximamente será traspuesto a las diferentes normativas autonómicas establece criterios más estrictos que los actualmente vigentes. El cumplimiento de las nuevas medidas de ecocondicionalidad será obligatorio para los agricultores españoles a partir de enero de 2005 y de su correcto acatamiento dependerá la concesión de ayudas de la Unión Europea.

A los requisitos exigidos por las nuevas normas de ecocondiconalidad hay que sumar en Castilla-La Mancha una serie de medidas orientadas a reducir la contaminación del agua por nitratos de origen agrario en cuatro nuevas zonas. A las zonas de la Mancha Occidental y Campo de Montiel declaradas vulnerables por este tipo de contaminación en 2001 se añaden ahora la Mancha Oriental (principalmente Albacete y Cuenca); Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas; Alcarria-Guadalajara y Madrid-Tiétar-Talavera.

COAG-IR ha participado junto a la Consejería de Medio Ambiente en la elaboración de esta nueva normativa que incide sobre todo estructurar niveles de control y recomendaciones que en medidas de carácter coercitivo. En caso de que los resultados previstos no sean satisfactorios se pasaría a una segunda fase que contemplaría criterios más duros.

Antonio Castellanos ha manifestado que tanto las organizaciones agrarias como los profesionales del campo están comprometidos con las nuevas prácticas que las administraciones y la sociedad exigen en relación con el respeto al medioambiente. Sin embargo, puntualiza que el cumplimiento de dichas obligaciones ‘sólo deberían exigirse en los casos en los que esté científicamente y agronómicamente probado que redundan en una mejora del entorno natural’. Asimismo reivindica que el mismo grado de cumplimiento que se pide a los agricultores y ganaderos se exija al resto de actividades económicas y a la propia Administración, de la que dependen las depuradoras de aguas residuales de las poblaciones y que ‘en muchas ocasiones no funcionan como deberían’, afirma.