Se prodiga la ministra Cristina Narbona por los medios de comunicación haciendo declaraciones sobre su política hidráulica, consistente sobre todo en cuestionar lo hecho por anteriores gobiernos, y en desacreditar el uso de agua para riego como un factor de desarrollo económico y social de amplias zonas de nuestro país. Tiene fijación con los agricultores, a los que acusa de causar incendios, de despilfarrar el agua, y de aprovecharse de los recursos que generosamente le proporciona el Estado de forma gratuita acometiendo costosas y gravosas obras públicas.

Defiende la ministra una filosofía que sustenta una política contraria a los intereses de los agricultores y ganaderos, una política contraria a los intereses del medio rural, y contraria al papel del agua como elemento de riqueza y desarrollo integral de zonas desfavorecidas. Porque se olvida la ministra de que en muchas partes de nuestro extenso territorio estamos abandonados a nuestra suerte, no tenemos industrias, no tenemos servicios, y lo único que tenemos son algunos recursos naturales que si los explotamos convenientemente nos pueden permitir vivir un poco mejor. En Castilla y León tenemos agua, y el agua tiene muchos destinos, incluido el de regar nuestras tierras, que todos ellos son mejores que mandarla al mar.

Pero en esta ocasión no vamos a tratar de convencer a la ministra de que está equivocada, como equivocado está todo un Gobierno empeñado en desaprovechar uno de los recursos más importantes que tenemos en Castilla y León. Lo que pretendemos es demostrar a la señora Narbona que no es cierto lo que dice sobre la contribución de los usuarios a los costes de las infraestructuras de riego, y que como además ella sabe que lo que dice no es cierto, y lo está diciendo intencionadamente, pues sencillamente tenemos que llamarle mentirosa.

La ministra ha sido en sus declaraciones públicas clara y contundente en sus afirmaciones, y la última que le conocemos es del martes 21 en la radio pública: los usuarios no pagan nada de los costes de las obras hidráulicas. Sugerimos a la señora ministra que se lea el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. En el artículo 114 se establece el “canon de regulación” y las “tarifas de riego”, dos conceptos por los que los usuarios del agua, sobre todo los agricultores, pagan al Estado el 50 por ciento del coste de las obras de regulación (pantanos), y de las obras de canalización del agua, lo que se hace mediante aportaciones del 4 por ciento anual del valor de las inversiones realizadas, debidamente actualizado teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y la depreciación de la moneda. Además, se repercute en su totalidad en los usuarios los costes de explotación y conservación de las obras y los de administración del organismo gestor, -y aquí se incluye incluso la parte proporcional del salario que cobra el presidente/a de la Confederación Hidrográfica de la cuenca-.

Está dentro de las competencias del Gobierno dar una vuelta de tuerca más a los agricultores y ganaderos cobrando las infraestructuras hidráulicas incluso en su totalidad, y para ello no necesitan tan siquiera escudarse en los principios de la Directiva Marco del Agua publicada en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas el 22 de diciembre de 2000. Es competencia de quien gobierna poner impuestos, y lo que pretende la señora Narbona no es otra cosa que castigar a los regantes con más impuestos. Pero para hacer esta política de desprecio a los intereses de los agricultores, no es necesario ir de escenario en escenario mintiendo sobre el coste actual del agua de riego. No es elegante medrar en política a base de desacreditar con mentiras, ya no a la oposición política, que podríamos entenderlo, sino a todo un colectivo de administrados.

El futuro de la agricultura y ganadería de Castilla y León está en gran parte en manos del Gobierno socialista. Nos condicionan sus leyes y la defensa que hagan o dejen de hacer de nuestros intereses en el seno de la Unión Europea. Y una buena parte de ese futuro se decide en la política hidráulica. Hasta ahora, lo que sabemos es que nos quieren cobrar no el 50 por ciento sino el 100 por 100 de los costes de las infraestructuras, nos quieren suprimir obras previstas en el Plan Hidrológico, nos quieren criminalizar como devastadores del medio ambiente, y han empezado por convertir el pantano de Castrovido en un charco de ranas con el argumento de que el tamaño no importa.

Valladolid, 23 de septiembre de 2004