Madrid, 9 de julio de 2004. Más de 60.000 explotaciones familiares dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas en el Estado español podrían verse perjudicadas con la puesta en marcha del Plan de financiación para el sector agrario de Marruecos que ha planteado nuestro Gobierno en la UE. Ante este hecho, COAG muestra su preocupación ya que los 600 millones que se barajan como importe anual de la ayuda al campo marroquí pueden ser utilizados por el reino alauí para financiar sus cultivos más competitivos, concretamente el de frutas y hortalizas, con el consiguiente enriqueciendo de empresas europeas instaladas allí y otras vinculadas a la Casa Real alauí, que gestionan en exclusiva la comercialización de estas producciones en los mercados internacionales.

COAG apoya plenamente la ayuda a Marruecos siempre y cuando el importe de la misma vaya destinado a solucionar los problemas de pobreza y autoabastecimiento de la sociedad marroquí. Sin embargo, los acuerdos en materia agraria de los últimos años, caso del Acuerdo de Asociación y su renovación, se han demostrado ineficaces para favorecer el desarrollo de los agricultores del reino alauí.

Ante esta situación, COAG exige al Gobierno que, antes de avanzar con nuevas líneas de ayuda, todas las ventajas comerciales que ya se han otorgado al Reino de Marruecos tengan una repercusión probada en la población agraria trabajadora, en el medio ambiente y en las prácticas agrarias. Que los asalariados tengan una remuneración digna, unas condiciones sociolaborales adecuadas y que las prácticas agrarias sean las mismas que marca la Unión Europea para los productores internos, para así garantizar el respeto al medio ambiente y la calidad y la seguridad alimentaria.

Hay que evitar que las ayudas no cumplan una función social y que sirvan para enriquecer a un grupo de especuladores que invierte en un “paraíso del dumping social y medioambiental” y destroza el tejido económico de muchas zonas rurales del Estado español. En España, el 60% de la configuración del precio del tomate va destinado a pagar la mano de obra; mientras que en Marruecos, con solo el 10 % del precio se cubre este coste; el último informe de la ONU, es bastante ilustrativo de la paradójica situación en la que se encuentra nuestro país vecino; Marruecos ha bajado 17 puestos en el ranking de prestaciones sociales básicas, mientras que ha incrementado su nivel económico en más de un 5%.