Valencia, 20 de abril de 2004. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) lamentó la escasa dotación económica disponible para la Orden de ayudas por las últimas heladas en frutales y caquis, cuyo borrador fue debatido esta mañana entre el sector y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (CAPA). Sin embargo, la organización agraria valoró la disposición al diálogo y la celeridad mostrada por la Conselleria, así como algunos aspectos de la Orden, como las ayudas directas.

Para AVA, esta Orden de ayudas debe cubrir los daños no contemplados en el seguro agrario con un mínimo del 30% de daño, tal y como contempla la normativa europea, con independencia de que entre el sector y la Administración se trabaje conjuntamente para potenciar y ampliar coberturas del actual Sistema de Seguros Agrarios.

La organización agraria ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que todas las ayudas sean directas y no las combine con préstamos bonificados, hecho que supondría una “discriminación entre los agricultores”. “La respuesta debe ser homogénea para todos, ya que muchos agricultores no podían tener en vigor su póliza del seguro al no estar abierto el periodo de contratación en el momento en que se produjeron las heladas”, apuntó el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, por lo que, en esos casos, “se debería tener en cuenta la póliza del año anterior”.

AVA también ha pedido que además de ciruelo, albaricoque, cereza y melocotón, se amplíen a manzanas, peras y nísperos los frutales susceptibles de recibir ayudas por las últimas heladas, así como celeridad en la Orden de cítricos, comprometida por el Consell y que se incluya en ésta última el cultivo de la patata.

“Los agricultores no podemos estar siempre a expensas de medidas extraordinarias para paliar los daños de cualquier inclemencia meteorológica”, señaló Aguado, quien instó a la Administración a mejorar el sistema de seguros agrarios “para que cubra todos los riesgos”. Así mismo, AVA solicita al Gobierno central la rebaja de módulos fiscales, la exención del IBI rústico y la condonación de las cotizaciones de la Seguridad Social para todos los afectados.