ASAJA de Castilla y León ha remitido hoy a los grupos parlamentarios Socialista y Popular, así como al consejero de Agricultura, sus aportaciones a la propuesta de modificación de la Ley de Concentración parcelaria, que en estos días se tramita en las Cortes.
La modificación presentada por el Grupo Socialista recoge las principales reivindicaciones de la organización profesional agraria, que las obras complementarias (mayoritariamente, destinadas a la mejora del regadíos) que se realicen en las zonas de concentración parcelaria sean pagadas por los interesados en el plazo máximo de 40 años (en lugar de los 20 de la amortización actual), con un interés máximo del 2 por ciento anual (ahora es el 4 por ciento) y en pagos anuales de igual cuantía, así como que la subvención sea del 50 por ciento, en lugar del 40 por ciento actual.
No obstante, la OPA ha incluido además otra serie de propuestas técnicas que posibilitarían una mejora en los procesos de concentración parcelaria, al darse mayor protagonismo a las Juntas Agropecuarias Locales y a los agricultores profesionales.
Así, ASAJA ha propuesto la modificación del Decreto, complementario de la Ley de Concentración Parcelaria, sobre unidades mínimas de cultivo en Castilla y León. En concreto, la propuesta de la organización es que se amplíen estas unidades a 10 hectáreas en regadío y a 50 en secano (con pequeños matices según comarcas) con el objetivo de redimensionar de la mejor manera posible las explotaciones y ahorrar así costes productivos.
ASAJA de Castilla y León sigue denunciando que nuestra agricultura es cada vez menos rentable, mientras que la obra pública es cada vez más cara, lo que hace que las fórmulas de financiación que servían antes, no sirvan ahora, sobre todo donde tenemos una agricultura de cultivos extensivos poco productivos, sin alternativas posibles. Además, hay que añadir problemas como los efectos del pago único o desacoplado, y los que acarrearán la revisión de OCM como las del azúcar y del tabaco.
Por todo ello, la OPA propone que se modifique el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, la Ley de Aguas y la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, para que no se produzcan agravios comparativos entre los agricultores que efectúen modernización o transformaciones en regadío a través de la Ley autonómica de concentración parcelaria (que afecta a poco más del 5 por ciento de las obras hechas en Castilla y León) o del resto. Con estos argumentos, ASAJA insta a los grupos políticos y a la Administración autonómica a que trasladen a Madrid nuestras quejas para que se logren equipar los sistemas de amortización de todas las obras que se ejecuten independientemente de la línea de la que provengan.
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