Se dice que “no hay mayor atrevimiento que la ignorancia” y creo que esto es así. Por regla general, los humanos tendemos a cuestionar todo aquello que nos resulta desconocido; unos, se preguntan el por qué de las cosas e intentan descubrir su significado, otros, se limitan a criticar y, los más avispados elucubran hasta sacar sus propias conclusiones, en muchas ocasiones, erróneas porque no les interesa saber la verdad.

Digo esto porque, después de once años de aplicación de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), son muchos los que todavía cuestionan la importancia de las ayudas comunitarias, ya sean directas o de otra índole.

Con la reforma de 1992 se sustituyó el apoyo mediante el sostenimiento de los precios de mercado por un sistema de pagos compensatorios por superficie, que como su propio nombre indica, compensaba la bajada que se realizaba de los precios institucionales de los productos agrícolas (cereales, oleaginosas y proteaginosas).

El cambio de sistema estuvo motivado tanto por la necesidad de contener los excedentes agrarios y, en consecuencia, el gasto presupuestario, como por las nuevas exigencias del comercio mundial que se establecieron en la Ronda de Uruguay del GATT.

Los resultados fueron una disminución de excedentes, un equilibrio de los mercados, un acercamiento de los precios agrícolas comunitarios a los precios mundiales y un repunte de la renta agraria media. No obstante, conviene aclarar que esta reforma no fue completa, ya que sólo se reformaron los llamados cultivos continentales (herbáceos, vacuno y leche), dejando para más tarde la reforma de los cultivos puramente mediterráneos (olivar, frutas y hortalizas, arroz, algodón, vino).

Hoy las ayudas de la PAC suponen más del 50 por ciento de la renta agraria de esta región y representan unos ingresos estables y apropiados para los agricultores y ganaderos, aunque no siempre compensan la disminución de precios de los productos agropecuarios.

La intervención de los precios, por una parte, y la relación inversa entre los precios de origen y los costes de producción, por otra, han propiciado que la renta agraria dependa no sólo del esfuerzo de producir alimentos de calidad, que es lo que realmente sabe hacer el agricultor, sino también de las ayudas comunitarias.

Los precios que percibe el agricultor por producir los alimentos han caído drásticamente. Bien por los excesivos márgenes comerciales que se quedan en manos de distribuidores e intermediarios, bien por que las industrias se aprovechan de la falta de infraestructuras agrícolas para almacenar las existencias, como es el caso del girasol, en donde el agricultor entrega el producto sin precio, o bien por una deficiente estructura de comercialización que obliga a aceptar los precios que unilateralmente marca la industria emergente -me estoy refiriendo a la industria vitícola y a los precios del vino -, lo cierto es que muchos agricultores de nuestra región se verían obligados a abandonar su profesión si tuvieran que depender exclusivamente de la producción y venta de sus alimentos.

Los precios de la uva, por ejemplo, en las últimas campañas apenas han cubierto los costes de producción, poniendo incluso en peligro las ayudas comunitarias que ha recibido esta región para adaptar sus viñedos a las demandas del mercado mediante la reestructuración.

¿Cómo es posible que en España la cotización del vino base sea un 40 por ciento inferior a la de otros países comunitarios o que el mejor precio que se puede encontrar para los vinos a granel sea el de la destilación mientras que en otros países como Francia e Italia este precio está muy por debajo del que se encuentra en el mercado?

Podemos asegurar, por tanto, que las ayudas comunitarias suponen un mecanismo eficaz para garantizar la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones y, por tanto, favorecer y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales.

Para llegar a esa fin, las ayudas comunitarias deben distribuirse justamente, intentando corregir los desequilibrios económicos, sociales y regionales que pudieran surgir. Y en ese cometido, no siempre la clase política juega el papel que le corresponde. En plena negociación de la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva hay quienes pretenden defender un sistema que prime al que tiene más capacidad de producir y de vender, en perjuicio de los que tienen un olivar de baja producción.

Esas incongruencias, sin duda, desvirtúan el verdadero sentido de las ayudas comunitarias.

Las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, las crisis sanitarias con los problemas de las vacas locas, dioxinas o la fiebre aftosa, la sensibilidad medioambiental de la sociedad han favorecido un modelo multifuncional de agricultura que, como tal, hace necesaria la existencia de las ayudas comunitarias con objeto de garantizar una agricultura moderna y competitiva, capaz de ocupar un lugar preponderante en el mercado mundial, una agricultura duradera y de calidad, que utiliza métodos de producciones sanos, respetuosos con el medio ambiente, que suministra productos de calidad que responden a las expectativas de los consumidores y una agricultura al servicio de los territorios rurales, rica en diversidad y tradiciones, cuya misión no es sólo producir sino también mantener un mundo rural vivo, activo y conservar la calidad del espacio y el paisaje rural.

Habrá quienes todavía cuestionen las ayudas comunitarias pero, hoy por hoy, puede decirse que son garantía de calidad y de seguridad alimenticia para los consumidores.